El Ayuntamiento no ha tenido suerte en algunas de las sentencias urbanísticas planteadas contra la institución. El último caso es la resolución judicial que le ha obligado a reintegrar 200.000 euros a la adjudicataria de las obras del edificio institucional de la Xunta en San Lázaro, Acciona, a la que se le exigió el impuesto de construcciones. Frente a las tesis municipales, el juzgado consideró que la obra no tenía licencia y no conllevaba por tanto el pago del ICIO.
Otra sentencia le dio la razón al Xade, empresa que gestiona el Multiusos de Sar con participación municipal, en su demanda contra el pago que le requería el Concello de 163.000 euros en concepto de IBI. Pero el Concello sí ha salido beneficiado en alguna resolución, como la que le ha enfrentado (y aún le enfrenta) con el Ministerio de Defensa por el pago del IBI. La administración de Madrid justificaba su negativa a abonar el impuesto por supuesta exención. Los tribunales le dieron la razón a Raxoi.