Afectados por el Plan Xeral critican la reducción de la capacidad para edificar en el centro urbano
SANTIAGO
La plataforma ciudadana que se ha constituido en Arzúa para reivindicar una nueva exposición del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) ha vuelto a argumentar en contra del planeamiento después de que trascendiese que el documento, pendiente de la aprobación definitiva de la Consellería de Política Territorial, ordena doce áreas residenciales para urbanizar en el casco urbano. Para el colectivo «resultaría moi complicado a curto prazo» el desarrollo de esas actuaciones urbanísticas a tenor de que «terían que pasar, previamente, polo acordo dos propietarios, proxectos de urbanización, abono polos promotores da súa execución e edificación», explican.
De esos trámites se eximiría la construcción de viviendas en áreas de suelo urbano ya consolidadas, en las que, sin embargo, «redúcese o volume de edificabilidade, que sería de licenza directa na que xa promotores e particulares estarían dispostos a edificar en breve prazo», critican. Con este análisis, la plataforma incide en la «indefensión» de los afectados por las modificaciones que se introdujeron en el PXOM una vez cerrado el período de exposición pública y tras los informes sectoriales recibidos de diferentes administraciones supramunicipales.
Como acreditación, el colectivo vecinal aporta el acta del pleno de aprobación provisional del PXOM, en el que un técnico del equipo redactor manifiesta que «está claro que ao propietario pódeselle xerar indefensión». De este modo, la plataforma de afectados insiste en reclamar una nueva exposición del Plan Xeral a efectos de poder alegar a las modificaciones.
El único punto en el que no discrepa el colectivo de vecinos con el gobierno municipal, del BNG, es en la satisfacción por haberse eximido el Plan Xeral del informe estratégico ambiental. La Consellería de Medio Ambiente resolvió en ese sentido al considerar que la redacción del estudio causaría perjuicios de carácter económico y social en Arzúa a tenor de que implicaría retroceder en el proceso de tramitación del planeamiento urbanístico.