Las explicaciones de la concejala no convencieron al PP, que no sólo entiende que debía de haber alguna solución con rampa en el interior sin ocupar un espacio público sino que recordó al gobierno que la Confederación Galega de Minusválidos ya criticó «que se haga uso de los discapacitados para justificar una ilegalidad urbanística». Socorro García sostiene, sin embargo, que no ha habido ninguna infracción urbanística. «Non hai máis ca un erro na execución do edificio», proyectado con el acceso de Salvadas al nivel de la acera, un erro, dijo, «nada comparable á disfunción de 200 millóns noutros proxectos que vostedes son capaces de encaixar perfectamente», en alusión a la Ciudad de la Cultura. La edila afirmó que ante una actuación legalizable, como Raxoi entiende que puede ser ésta, no se abre expediente disciplinario y sostiene que la única acción punible de la promotora es haber hecho la rampa sin la autorización municipal, pero que esa circunstancia sería sancionable solo con 500 euros. Respondía así al interés de los populares por conocer si el Ayuntamiento tenía intención de sancionar a la SGAE por este motivo. Al PP le quedó claro que no, lo que mereció sus críticas, tanto como el hecho de que García negase la existencia de una infracción. «Si algo se hace sin proyecto hay infracción urbanística», replicó Ángel Espadas, quien sostiene que «ningún ciudadano tendría el trato que se le ha dado a la SGAE». Una cuestión ésta que negó la concejala nacionalista invitando a los populares a darse una vuelta por Galeras, «onde poden ver a cantidade de ramplas que invaden o espazo público para entrar nos edificios». «Solucións ponderadas» Socorro García emplazó también a los populares a formular propuestas de solución «ponderadas» para el caso de la SGAE si entiende que hay otras. Espadas no formuló ninguna en ese momento, aunque dijo estar en disposición de hacerlo si la edila le cedía el cargo durante quince días.