La residencia de tercera edad compostelana de San Marcos, cuatro de Teo y una de Barbanza son las únicas de la comarca, entre más de 90 gallegas, a las que afecta un nuevo convenio colectivo autonómico que empezó a negociarse recientemente para este tipo de centros con gestión privada. La primera reunión se celebró en el convento de Santa Clara, sede de las dos entidades gallegas representativas de la patronal. El principal objetivo de CC OO, UGT y CIG, la parte social, es la equiparación de condiciones económicas y laborales con la media de España. Estas residencias gallegas tenían como referencia el marco laboral estatal hasta 1998, año en el que empezaron a regirse por un convenio propio. Desde entonces la negociación se ha limitado a actualizaciones salariales anuales, según el incremento del IPC, pero no se entró en otras cuestiones. Este año los sindicatos denunciaron el documento laboral y exigieron tratar otras mejoras, por considerar que en este período las condiciones de los centros de Galicia han empeorado. En la negociación toman como punto de partida el último pacto alcanzado de carácter estatal, aún reciente, afirma José Luís Marcos, de CC OO. Dos patronales Por la patronal se han sentado a negociar dos entidades: Acolle, que representa sobre todo a residencias regidas por organizaciones religiosas; y Fegarte, que integra a la iniciativa privada con ánimo de lucro. Están afectadas por la negociación 66 residencias privadas, 19 concertadas, y unas diez públicas de gestión privada. Este convenio excluye a las residencias públicas, como la compostelana de Porta do Camiño, que se regulan por el convenio único de la Xunta. Pero será de referencia para nuevos centros que se construyen en la ciudad, y para otros que están programados y se han anunciado ya. Tras el primer encuentro celebrado en Santiago, ambas partes volverán a reunirse en la última semana de enero, ya con propuestas concretas sobre mejoras y posibles modificaciones del actual convenio.