?l Concello quiere evitar nuevos capítulos como el que el año pasado le supuso un serio toque de advertencia por parte de la Agencia de Protección de Datos, que tomó medidas contra el ayuntamiento después de detectar irregularidades en la manera de proceder de la empresa que gestiona el cobro de las multas, Tribugest. Y para aquello no vuelva a repetirse, la junta de gobierno celebrada ayer acordó, a propuesta del concejal delegado de Reforma Administrativa, Xaquín Fernández Leiceaga, habilitar los mecanismos que garanticen un correcto tratamiento de la información que manejan las empresas que prestan servicios al Ayuntamiento. La propuesta aprobada ayer dice literalmente: «Acórdase aprobar o protocolo municipal de seguridade para a protección de datos de carácter persoal que se incorporará aos contratos nos que a prestación dun servicio por parte de terceiros requira o tratamento de datos que teñan esta consideración». La llamada al orden de la Agencia de Protección de Datos a Raxoi se había producido después de que un particular realizase un estudio sobre la gestión del cobro de multas, en el que constató irregularidades de las que se hizo eco el organismo estatal. Por otra parte, en la junta de gobierno de ayer se dio cuenta de la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia, la Xunta y el Concello para la conexión de la Policía Local a la agenda programada de citaciones. Con esta medida, que se aplica también en otros municipios de Galicia, se intenta dar un nuevo paso en los trámites que permitan agilizar al máximo los denominados juicios rápidos, cuyo éxito depende, en buena medida, de la coordinación entre las distintas administraciones.