El PP acusa al gobierno local de Pontevedra de falta de transparencia en relación con un expediente de acoso laboral
PONTEVEDRA
Se trata del caso que denunció públicamente una agente de la Policía Local en el último pleno
28 nov 2025 . Actualizado a las 15:48 h.El grupo municipal del PP denunció este jueves la «falta de transparencia» del gobierno local de Pontevedra en relación con el protocolo de violencia en el trabajo activado tras la denuncia de una agente de la Policía Local contra el jefe del cuerpo. La concejala Pepa Pardo criticó que no se le haya permitido tener acceso al expediente: «Iré a donde tenga que ir para que se respete el artículo 23 de la Constitución Española y los derechos de todos los concejales de la corporación a tener acceso a los expedientes municipales».
El caso, explican desde el PP, se remonta a julio de este año, cuando la agente activó el protocolo interno tras afirmar que su superior la aisló, le retiró funciones y le quitó el despacho. El asunto saltó a la opinión pública en el último pleno, cuando la denunciante mostró un cartel contra el jefe de la Policía Local y contra el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, a quien acusaba de «presunto consentidor».
Protección de datos
Pepa Pardo afirmó este jueves que durante tres meses el gobierno del BNG habría ocultado este procedimiento a la oposición y que, desde que el PP solicitó información y copia del expediente el pasado día 10, se les ha venido denegando el acceso al mismo. En un primer momento, se habría utilizado como excusa la necesidad de recabar un informe del delegado de protección de datos. Sin embargo, la concejala asegura que la legislación es tajante y reconoce el derecho de los concejales de todos los partidos políticos a acceder a la documentación en igualdad de condiciones.
Posteriormente, el PP sí recibió información, pero en forma de resumen «sesgado y parcial de tres folios que impide conocer el estado real del expediente». Tras volver a solicitar el acceso al mismo, continuó Pepa Pardo, esta misma semana recibió una comunicación apuntando que se solicitará un nuevo informe sobre protección de datos «debido a que la trabajadora afectada hizo pública su identidad durante el pleno».
La concejala recordó que en junio de 2023, el Concello «ya fue condenado por vulnerar el derecho fundamental a la participación política al denegarnos acceso a la documentación relativa a la parroquia de A Canicouva».