¿Una venta frustrada de cocaína o el intento de estafa a unos narcotraficantes?

La Audiencia de Pontevedra juzga a trece acusados de preparar una gran transacción de droga, que ellos niegan asegurando que todo era un timo


Pontevedra / La Voz

Cuando en diciembre del 2016, la Guardia Civil dio cuenta de la operación Encina Gallo Vetusta, que realizó conjuntamente con la Policía Nacional, aludió a la detención de un grupo de colombianos que supuestamente iban a estafar a unos narcos gallegos, lo que en argot se conoce como hacer un vuelco. Casi cuatro años más tarde, la Fiscalía de Pontevedra obvió en su escrito de acusación la tesis del supuesto timo y, por el contrario, sostiene que el operativo policial permitió desmantelar un grupo criminal que se estaba organizando para introducir partidas de cocaína.

De este modo, desde este lunes, trece son los acusados que se sientan en el banquillo de la Audiencia de Pontevedra. Por un lado, la rama madrileña, constituida en su mayoría por colombianos que, según el ministerio público, tendrían el cometido «de proporcionar las sustancias estupefacientes, así como de la infraestructura necesaria y transporte de las misma, al resto de los acusados». Y, por otro, la rama gallega, que recepcionaría las partidas para, supuestamente, completar la última fase de su distribución.

Si ayer se tuvo que suspender la segunda sesión de la vista oral por la hospitalización de uno de los abogados defensores, en la primera jornada los encausados rechazaron las acusaciones de la Fiscalía, que implican la petición de penas que se mueven entre los seis y los siete años y medio de prisión por delitos contra la salud pública y grupo criminal. En su lugar, sostuvieron que todo se trató de un intentó de estafa en la que se buscó engañar a las personas que creían estar comprando cocaína vendiéndoles cafeína.

Mientras cinco de los sospechosos no tuvieron problemas en contestar a todas las preguntas que se le formularon, otros cuatro se limitaron a responder a las planteadas por sus defensas. Los cuatro restantes se acogieron a su derecho de guardar silencio.

Lo que se expuso en la Audiencia de Pontevedra, y a falta de conocer los testimonios de los policías nacionales y guardias civiles que participaron en la investigación, es la supuesta rama madrileña pretendía timar 30.000 euros a la gallega. «Llevo muchos años, veinte años, engañando a la gente», señaló Jaime Diego M. E., en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Un cebo de cocaína

También John Jairo M. C. se adhirió a este guion manifestando que, en el pasado tuvo causas judiciales, fundamentalmente en Madrid, por este tipo de estafas, pero todas se archivaron porque no son narcotraficantes. Eso sí, reconoció que si se les intervino cocaína -unos trece gramos, apuntó-, fue porque la utilizan a modo de cebo con los potenciales compradores, ya que es habitual que quieran comprobar la calidad y la pureza de la mercancía que pretenden adquirir.

Añadió que estos estupefacientes iban a ser consumidos entre todos, una vez consumado el engaño, en un fiesta que se iba a celebrar en un piso de Sada, donde se produjeron detenciones.

Esta tesis, a grandes rasgos, fue la que se difundió por la Guardia Civil y la Policía Nacional tras los arrestos: «Los colombianos pretendían robar el dinero que los narcos gallegos traían para realizar la compra de una importante cantidad droga (...). Prueba de ello son los pasamontañas y las bridas intervenidas en el momento de las detenciones y que se presume iban a emplearse para un posible secuestro que facilitase la obtención de la totalidad del metálico».

De igual modo, se incidía en que los integrantes de la rama madrileña no eran unos novatos en estas lides. Así, se resaltó «la peligrosidad de la organización criminal de colombianos debido a la violencia que imprimían a sus socios. Les precede su actuación por toda la geografía española realizando vuelcos tanto de mercancía como de dinero». Al tiempo, se aludía a golpes dados en Barcelona, Islas Canarias, Madrid, Galicia e, incluso, Holanda, «donde tuvieron un episodio de tiroteos y secuestros con organizaciones rivales».

Al inicio del juicio, las defensas solicitaron, entre otras cuestiones, la anulación de la causa al entender que se violó el secreto de las comunicaciones con las escuchas telefónicas.

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