Casi 21.500 edificios con más de 50 años tendrán que ser revisados

La nueva ley autonómica de rehabilitación complementa a la «ITV» del Concello de Pontevedra y obligará a hacer inspecciones en todos los municipios de la comarca


pontevedra / la voz

La Xunta de Galicia prevé aprobar en los próximos meses la renovada Lei de Rehabilitación e Rexeneración Urbana de Galicia. Eso, entre otras muchas cosas, significa que todos los propietarios de inmuebles de vivienda colectiva de más de 50 años estarán obligados a hacerles una inspección, tanto si están ubicados en un municipio grande como Pontevedra como si se sitúan en otro rural como Campo Lameiro. La inspección en cuestión se llama Avaliación do Edificio (IAE), y en la comarca de Pontevedra implica que tendrán que ser supervisados alrededor de 21.500 edificios construidos antes de 1970. En concreto, en la capital pontevedresa son 5.789. Ahí se incluyen desde edificios totalmente habitables a otros con estado deficiente o incluso ruinas.

Hasta ahora, la normativa marcaba que únicamente tenían que pasar esa revisión los edificios antiguos de los municipios de más de 25.000 habitantes. De hecho, en Pontevedra se aprobó la llamada oficialmente «Ordenanza municipal de avaliación dos edificios do Concello de Pontevedra» y popularmente conocida como la ITV de edificios. Pero en cuanto la nueva ley autonómica vea la luz la medida se ampliará a todos los concellos.

Se establecen sanciones

Aunque seguramente se establecerán plazos amplios para que los propietarios puedan ir haciendo esas revisiones en sus edificios, la nueva ley incluye ya sanciones para aquellos que se escabullan de ese Informe de Avaliación do Edificio. Así, se establece que las multas pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros.

¿Cuánto costará hacer esas revisiones? Es difícil dar cifras porque dependerá de qué edificios se trate, del estado en el que se encuentre... pero empresas especializadas en este asunto, que ya están captando clientes, dicen que el precio de esa necesaria inspección puede ir desde los 300 a los 1.800 euros, que deberán aportar los propietarios. El informe tendrá una validez de diez años y, transcurrido ese tiempo, habrá que volver a hacer esa inspección. Habrá que ver cómo se desarrolla esta normativa y qué opinan los concellos, puesto que la Xunta les hace responsables de la gestión de todo este proceso.

En lugares como Pontevedra la maquinaria debería estar ya engrasada porque no fue hace demasiado tiempo cuando se aprobó la ordenanza de la «ITV de los edificios». Concretamente, esa norma vio la luz verde el día 9 de abril del 2015. Por tanto, hay un buen número de edificios que ya se supervisaron en los últimos años. Al igual que sucedía con la normativa municipal, la ley autonómica lo que pretende es que estas inspecciones a los edificios antiguos acrediten el estado de conservación de los inmuebles.

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