La Audiencia ha concluido que la conducta de los jóvenes es «poco cívica», pero no delictiva
19 jul 2018 . Actualizado a las 14:04 h.¿Quién no se ha preguntado alguna vez al acceder en grupo a un ascensor si aguantará o no con el peso? Esta cuestión, a buen seguro, ni se la plantearon los siete jóvenes que, tras toda una noche de juerga en un piso del casco urbano de Pontevedra, colapsaron un elevador, un hecho por el que, finalmente, han tenido que dar explicaciones ante un juez.
Ocurrió el 28 de abril del año pasado. Los vecinos declararon en sede judicial que, durante toda la noche, pudieron percibir movimiento de gente por las escaleras y el ascensor hasta que, en torno a las tres de la mañana, empezaron las carreras y los golpes en el elevador, una situación que les llevó a ponerse en contacto con la Policía Local.
Una patrulla se desplazó de inmediato hasta el céntrico edificio. Los agentes municipales se encontraron a muchos jóvenes de fiesta, tanto en el exterior como en el interior del edificio, así como verificaron que siete de ellos se encontraban encerrados en el ascensor. Posteriormente, un técnico les indicó que la incidencia se produjo por un «excesivo número de personas», circunstancia que se sumó a «una presunta mala manipulación» de la instalación, de tal modo que quedaron «atrapados a la altura del bajo sin poder abrir la puerta».
Si bien la policía no aludió a la existencia de otros desperfectos, una residente de este inmueble afirmó que se habían venido produciendo actos vandálicos... macetas rotas, tierra esparcida por el suelo, el elevador inutilizado, pintadas, ruidos de muebles cayendo al suelo o peleas fueron algunos de los episodios que rememoró en sede judicial.
La comunidad de vecinos decidió denunciar a varios jóvenes. Sin embargo, el juez instructor, en un primer momento, y la Audiencia de Pontevedra, posteriormente, han decidido archivar las actuaciones. Eso sí, a nivel penal, ya que dejan abierta la vía civil para el ejercicio de cualquier tipo de demanda económica.
«No se cuenta con indicios que permitan seguir el procedimiento contra persona concreta alguna -argumentan los magistrados-, compartiéndose lo razonado por el ministerio fiscal en cuanto al comportamiento [de los jóvenes], que puede ser calificado de poco cívico o falto de cumplimiento de las normas de buena vecindad derivado de fiestas, ruidos y golpes que parecen repetirse, pero ello carece, visto el resultado de las diligencias practicadas, de encaje en el derecho penal». De igual modo, declaran de oficio las costas judiciales generadas.