«Non hai acusación en firme», dijo el presidente de la Diputación de Pontevedra sobre la investigación por sobreprecio de unos alquileres
10 may 2014 . Actualizado a las 03:54 h.El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó ayer que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cambados ha admitido la querella interpuesta en su día por el fiscal de delitos económicos de Pontevedra contra el presidente de la Diputación Provincial, Rafael Louzán, su mujer y el diputado popular Severino Reguera. Mientras al presidente provincial del Partido Popular en Pontevedra y a su esposa se les investiga en el marco de una causa abierta por un supuesto delito continuado de cohecho, en el caso de Severino Reguera es por un presunto delito continuado de cohecho impropio.
En el marco de esta instrucción judicial, el titular del juzgado ha accedido a las pretensiones del ministerio público de que los tres querellados declaren en calidad de imputados, lo que les garantizará la asistencia de un abogado. El objetivo es esclarecer si se ha cometido algún tipo de delito en el alquiler de unos bajos comerciales que Rafael Louzán y su mujer poseen en el entorno del polígono de Teixugueiras, en Vigo, y que están alquilados por el diputado.
Según trascendió en su día, las pesquisas se centran en determinar si existió o no un sobreprecio de dos o tres euros por metro cuadrado en el abono de esta renta. En estos locales, al parecer, se instaló un centro de ocio infantil, una cafetería y una panadería, toda vez que Severino Reguera es empresario del ramo y posee negocios similares en distintas localidades pontevedresas. Las sospechas apuntan a que se estarían abonando quince euros por metro cuadrado, una cantidad que, supuestamente, estaría por encima de los doce o trece euros por metro que marcaría el mercado.
Tras conocer la decisión del juez cambadés, Rafael Louzán se mostró ayer tranquilo, toda vez que su imputación se encuadra en lo que es «un procedemento regrado unha vez que dende a Fiscalía se traslada» la querella. Tal vez por ello, aseguro que no le sorprendió la notificación judicial: «O normal é que a admitan para que se poida facer a declaración oportuna».
Insistió en que «non podo estar preocupado. Non o estaba nun principio... Home, como todos, estas cousas gustaríache que non sucederan, pero si suceden hai que estar coa conciencia moi tranquila, coñecendo que no ámbito xudicial que se están facendo as cousas ben».
En este sentido, precisó que su imputación le permitirá ya no solo saber qué se argumenta en la querella -«antes non se puido coñecer, agora si que se vai poder coñecer»-, sino poder explicarse: «Que me pregunten todo o que queiran e poder esclarecer canto antes un tema que, como xa manifestei no seu día, é unha relación mercantil que imos esclarecer no propio xulgado», sostuvo al respecto.
Horas antes, a través de un comunicado, incidió en este sentido en que la denuncia que dio pie a la querella «versa sobre unha relación mercantil circunscrita ao meu estrito ámbito privado».
En todo caso, Rafael Louzán precisó que consideraba que «o normal é coñecer de que se acusa», al tiempo que dejó claro que «aquí non hai unha acusación en firme, senón que é unha serie de manifestacións das que, en todo caso, o único que se desprende é que estaríamos falando de si hai ou non un prezo de mercado en relación duns baixos comerciais, que todos eles conforman unha unidade». Se trata de una superficie de más de cien metros cuadrados que el propio presidente de la Diputación de Pontevedra tiene recogidos en su declaración pública de bienes.
Rafael Louzán puntualizó, asimismo, que su representante legal ya está examinando la documentación remitida por el juzgado, por lo que esperaba que todo se pudiese «esclarecer o antes posible». No obstante, vino a asumir que los tiempos de la Justicia son los que son y que son muchas las causas que lleva el juzgado instructor, por lo que «non quero, nin debo pasar por enriba de ninguén. Haberá que esperar o turno que me toque (...). A min me gustaría que fora canto antes, pero xa non depende de min».
En cuanto a las diferentes diligencias de prueba solicitadas al juzgado por el fiscal de delitos económicos, algunas de ellas podrían estar relacionadas con la documentación mediante la que se refrendó el alquiler de los bajos comerciales.