La investigación judicial sobre supuestos ilícitos en la gestión urbanística en la villa turística semeja una rueda pirotécnica que veremos a cuántos políticos alcanza
07 dic 2013 . Actualizado a las 20:40 h.Barrunto que la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Cambados sobre supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias vinculados con la gestión urbanística en el Concello de Sanxenxo ha generado ya daños colaterales. El juez citó como imputados a la actual alcaldesa y a uno de los anteriores concejales de Urbanismo, así como a diversos técnicos en activo y otros ya excedentes de la Xerencia.
Como premisa convendrá recordar que imputado es «aquella persona a la que se atribuye participación en actos que presentan indiciariamente las características de un presunto ilícito de naturaleza penal». Y aunque la condición de imputados pueda suponer el riesgo a una cierta condena mediática, les garantiza poder defenderse de los cargos al disponer de asistencia jurídica. Siempre desde la presunción de inocencia.
La primera gran damnificada por el trámite judicial ha sido Encarna Rivas. La foto de la actual número dos de la Consellería de Infraestruturas y Medio Ambiente entrando en sede judicial, del brazo de su marido, me dio una mala impresión. Tengo la sensación de que si Encarna -que nunca ha sido política- tenía alguna posibilidad de crecer en su carrera, quién sabe si llegar a conselleira, esa foto le ha hecho mucho daño.
Si la imputación contra Encarna se circunscribe a su etapa en Sanxenxo, cumple recordar que fue fichada con gran relumbrón mediático por Telmo Martín, en el 2004. El entonces alcalde de Sanxenxo le montó una flamante Xerencia Municipal de Urbanismo (la segunda que se creaba en un concello de la provincia, después de Vigo) y le dio vara alta para gestionar el disparo urbanístico de la villa costera, en plena burbuja y con un PXOM que propiciaba esa avidez desarrollista.
Curiosamente, Encarna fue cesada en el 2006 por la actual alcaldesa. Cuando Catalina Gónzalez se hizo con el bastón de mando a raíz del asalto a la alcaldía de Pontevedra en el que se embarcó Telmo Martín, entendió que debía poner a alguien de su confianza en la Xerencia.
Telmo no aparece incurso -al menos de momento- en la investigación y en cambio sí su sucesora, que acudió el viernes a prestar declaración, también imputada. A Catalina tampoco le hace favor alguno la foto en el juzgado. Puede que sea el desencadenante para que dentro de unos meses Louzán decida que ya está amortizada.
También sorprende que entre los imputados figure solo Ángel Casal y ningún otro predecesor en la concejalía de Urbanismo.
Venganza o conspiración
Hay rumores de vendettas tras las denuncias cursadas que dieron pie a la instrucción judicial en marcha. Villaverde, promotor de SAL, una escisión del PP sanxenxino, se apresuró a declarar en La Voz que nada sabe de una supuesta conspiración.
Si el germen de las denuncias ante el juzgado fuera exógeno, no solo puede ser político; también podría obedecer a que hay muchas cuitas pendientes entre técnicos. En Sanxenxo se ha hecho muchísimo dinero con el bum inmobiliario. Recalificaciones, convenios y licencias han permitido facturar millones de euros. Demasiado trasiego para que no haya habido contaminaciones. A todos los niveles. También en el escalafón técnico. Sanxenxo no ha estado al margen de lo que un amigo y contertulio llamaba «intercambio cultural» cuando recientemente hablábamos de este caso. Se refiere a a los intereses creados. Técnicos que firman por otros para esquivar la incompatibilidad de ser arte y parte. Ha ocurrido muchas veces y en muchos concellos.