El sospechoso había sido condenado por un delito circulatorio
10 ago 2012 . Actualizado a las 06:59 h.Un vecino de O Grove, de 41 años y con antecedentes policiales, acaba de ingresar en el centro penitenciario de A Lama por no haber cumplido, en su día, una condena de trabajos en beneficio de la comunidad. Por delante, siete meses de privación de la libertad.
Fue en julio de hace tres años cuando uno de los juzgados de instrucción de Cambados consideró al grovense culpable de un delito contra la seguridad del tráfico. La pena, una sanción económica y los citados trabajos comunitarios.
Todo parece indicar que el grovense ni abonó la sanción económica, ni se presentó en el punto donde tendría que haber purgado la condena.
Ambas circunstancias propiciaron que fuese juzgado de nuevo, en esta ocasión por cargos de quebrantamiento de condena, y que le cayera un pena de prisión. En este sentido, un portavoz de la Comisaría Provincial precisó ayer que se fijó «un período de privación de libertad de siete meses».
Sin embargo, hasta ahora no se pudo hacer efectivo este castigo, ya que este individuo se mantuvo en paradero desconocido hasta que este miércoles por la mañana fue localizado alojado en un hostal del casco urbano de Pontevedra. A este respecto, desde el Cuerpo Nacional de Policía reconocieron que, «a pesar de las gestiones realizadas por los distintos cuerpos policiales para su localización y posterior ingreso en prisión por orden judicial, el mismo no había sido hallado» a lo largo de estos meses.
Una vez localizado, los agentes procedieron a la identificación del sospechoso y a la verificación de que tenía vigente la orden de detención e ingreso en prisión decretada por un juzgado capitalino.
Este arresto, entre otras cuestiones, ha puesto sobre el tapete los problemas de cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad. Un informe del fiscal jefe de Pontevedra refleja que, hasta no hace mucho, un alto porcentaje de estas penas no se cumplía porque prescribían.
El problema estribaba en que se imponía, en muchas ocasiones, una pena menor a la de 30 días, «susceptibles de prescribir con el transcurso de un solo año». Esto se sumaba a la escasez de plazas, con lo que los delitos eran castigados con la multa y la prohibición de conducir. Esto se subsanó con la decisión de no llegarse a conformidades «por debajo de los 48 días».