El PP lo tenía diseñado. Después de la larga cruzada emprendida por los nacionalistas y por los ecologistas de la Asociación Pola Defensa da Ría para desalojar los malos humos de las marismas de Lourizán, serían ellos los que se apuntarían el tanto electoral de presentar a los pontevedreses el documento que avalaría que los nuevos dueños de Ence dejarían la ría para siempre. Pero el capital es terco y caprichoso. Y tanto los grandes accionistas como los pequeños inversores del grupo pastero no están por la labor de dejar de percibir los jugosos dividendos que por ahora da la pastera, para embarcarse en un traslado de la fábrica con la que está cayendo.
El empeño de Ence por manejar los tiempos ha empañado la última estrategia de los populares y se nota que no están cómodos. Ni siquiera los fluidos contactos que mantiene la cúpula de la empresa con el Ejecutivo gallego han logrado, de momento, que la Xunta que preside Alberto Núñez Feijoo se hubiera apuntado el tanto de trasladar Ence dentro de la comarca de Pontevedra en la primera mitad de su mandato y en la antesala de las municipales.
No solo el nombre de Juan Luis Arregui, presidente de Ence, está en las agendas de las consellerías implicadas en este asunto. También lo están los de los presidentes de los comités de empresa de las dos factorías instaladas en Lourizán.
De primera mano
Hasta ahora, ningún miembro del Ejecutivo gallego había tomado la iniciativa de reunirse de con representantes de los trabajadores, hasta que el de Medio Ambiente, Agustín Hernández, decidió conocer de primera mano qué opinión tienen los trabajadores sobre el futuro de sus respectivas empresas.
El tema Elnosa es más sencillo. Su plazo también se acaba en el 2018 y no en el 2020 como se venía diciendo. Pero aunque con 20 millones de euros para su obligado cambio tecnológico y 20.000 metros cuadrados de suelo industrial se arreglaría, no están los tiempos para traslados antes de tiempo. Así opinan los trabajadores que confían en que llegado el día, Madrid no desmantelará de costa a costa toda la industria española que sea rentable y se adapte a la ley. Y el PSOE ¿qué dice?