La pregunta del titular de esta noticia pronto la podrá contestar. Ayer, la sede de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogió el sorteo de aspirantes a jurado popular en la provincia pontevedresa. Un ordenador hizo el trabajo y seleccionó a los 2.500 candidatos para los próximos dos años. El sorteo fue realizado por el delegado de Estadística y la secretaria de la Audiencia.
Los requisitos son sencillos: una persona censada mayor de 18 años que sepa leer y escribir. En el sorteo no entran ciudadanos con residencia en la cárcel a A Lama o funcionarios de Instituciones Penitenciarias, de la Administración central o autonómica o de Justicia.
Una vez celebrado el sorteo empieza el farragoso trabajo de las notificaciones, un proceso que lleva aproximadamente 15 días. Dos o tres funcionarios de la Audiencia tendrán que preparar 2.500 sobres con sus direcciones, justificantes de envío y formulario de causas de excusas. Y precisamente el epígrafe de las excusas es tan amplio como la vida misma. Desde la autoproclamación de un ciudadano como racista o machista hasta los pretextos más inverosímiles. Los únicos que pueden librarse de juzgar a sus semejantes son las personas mayores de 65 años que elijan ese camino. Aquí la edad es aceptada como disculpa.
Un total de 79 euros
Pero lo cierto es que si un pontevedrés saca de la manga una larga lista de impedimentos, al final logra su cometido. No obstante, con o sin ganas, al vecino que le toque el sorteo embolsará 79 euros por día. Para cada juicio con jurado popular se citan a 21 posibles miembros de los que salen once para constituir un jurado.