Más de 15.000 trabajadores del sector público de las tres admisnitraciones, central, autonómica y local, de los 12 ayuntamietnos de la comarca están llamados hoy a la huelga contra el plan de ajuste del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que prevé que en lo que queda de año y el 2011 dejarán de ingresar en torno a los 50 millones de euros, según las estimaciones de Comisiones Obreras.
Los sidnicatos mayoritarios escenificarán hoy lo que califican de anticipo a una hipotética huelga general. Sin embargo, reconocían que lo importante del día «es la convocatoria» y dejaban a un lado el éxito o fracaso de la movilización. «A primeira razón é a dignidade, xa que había un acordo de tres anos suscrito cos sindicatos que acaban de botar pola borda», señala el secretario comarcal de UGT, Ramón Vidal, quien reconoce que el sentir de las asambleas es de «reticencia por cuestións económicas». En la última mesa de negociación habían fijado una subida salarial durante tres años del 0,3% para el cuerpo de las Administraciones públicas.
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, asegura que «la delegación del Gobierno ha dictado servicios mínimo, básicos y elementales. Son más mínimos que los mínimos La medida es grave y dolorosa, pero el personal administrativo, aún con mucho dolor y malestar, intuye que las razones tienen que ser muy graves para haber tomado esta decisión».
Pese a la rotundidad de Fernández, la responsable de la Federación de Administracións Públicas en la CIG comarcal, Dina Porral, señala que «os servicios decretados son abusivos nos hospitais, nos centros de maoiores e menores». Mientras en los centros sanitarios se ha fijado un servicio del 50%, en el resto de administraciones varía.
El Concello ha decretado unos servicios mínimos que afecta al cuerpo de bomberos, al registro municipal y a los cementerios, además estarán cerradas las instalaciones deportivas municipales. «En la Xunta se ha establecido a efectos de trabajo como un día festivo», explica Fernán Couto, de UGT. Delfín Fernández espera que los piquetes sean solo «informativos y no coercitivos» y califica como «una opinión de los sindicatos», la advertencia de la policía de ser más permisiva con los piquetes.
Profesores, funcionarios de las administración, agentes de las Fuerzas y Seguridad del Estado, juzgados, hospitales y centros de salud están convocados a una huelga por las centrales mayoritarias.