Que alguien quiera saber donde yacen los restos de un familiar desaparecido es un derecho que ahora, además, reconoce la ley. Aunque hayan pasado ya más de setenta años. Pero muchos de los que reclaman la localización de los restos de sus parientes asesinados durante la Guerra Civil serán seguramente los más azorados por el penoso espectáculo que se está produciendo. Porque son ellos los que menos se merecen que se remueva su dolor en beneficio de nuevas contiendas a las que, sin embargo, como a aquella del 36, se ven impelidos sin que nadie les haya preguntado si querían asistir.
Es penoso que sean precisamente organizaciones de la ultraderecha, los herederos de los que en el siglo pasado se sublevaron, grupúsculos que son casi una anécdota en la España actual, los que encuentren un resquicio en la actuación de un juez para hurgar en la herida. Pero lo que da fortaleza al Estado de derecho es que no debe distinguir la procedencia ideológica ni el color ni el género, ni siquiera la catadura moral de quien pretende que se juzgue un hecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. Tampoco salvaguarda a nadie, ni siquiera a un alto magistrado que rindió indudables servicios a la democracia, si se plantean dudas sobre la corrección de alguna de sus actuaciones profesionales.
Todo ello, por supuesto, está sujeto a la interpretación, al debate. Y hay quien sostiene que el magistrado que puede acabar llevando a Garzón al banquillo podía haberlo evitado. Podría haber interpretado de otro modo la ley para guardar en el fondo de un cajón la querella de los falangistas. Quién sabe si él mismo acabará querellado. Cierto, pero todo junto conforma un disparate en el que parece que lo que ya menos importa es devolver a los muertos la dignidad que en su día se les robó. Un despropósito que invita a preguntarse si la Ley de Memoria Histórica está cumpliendo el fin para el que fue promulgada.