Pese a que hay plena coincidencia entre todos los grupos en que Pontevedra necesita un nuevo edificio de juzgados; pese a que la ubicación está calara, junto a la sede actual de A Parda; pese a que la Xunta prevé en su plan de infraestructuras judiciales una inversión de 15 millones de euros para acometer el proyecto; pese a que el Concello quiere colaborar y ha ofrecido la colaboración de sus técnicos para llevar a cabo los trámites que sean necesarios... El futuro edificio judicial sigue en el aire.
Según vaticinó ayer el portavoz municipal del PP, Telmo Martín, la Xunta rechazará la propuesta del gobierno local de redactar un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal para obtener los terrenos necesarios para el nuevo edificio. El Concello hizo esa propuesta por carta al conselleiro de Presidencia el pasado 23 de diciembre.
El proyecto de construir un nuevo edificio judicial parece totalmente enquistado aun antes de nacer. El gobierno local sostiene que la vía más rápida para obtener los terrenos es la supramunicipalidad. «Esta opción -insistió ayer la teniente de alcalde responsable de Urbanismo, Teresa Casal- permite a ocupación inmediata dos terreos e levar a cabo os trámites a posteriori».
Eliminar un vial previsto
Además, la declaración de incidencia supramunicipal también evitaría tener que hacer una modificación puntual del PGOU en vigor. Casal recordó que en el planeamiento contempla un vial abierto al tráfico entre el edificio actual y el que se quiere construir. Para suprimir ese vial e unir físicamente os dous edificios» es necesario modificar el plan, una tramitación que puede llevar muchos meses. «O iso, ou declarar o proxecto de incidencia supramunicipal», reiteró la concejala socialista.
Terrenos catalogados
Por su parte, el portavoz del PP reprocha al gobierno local el no hacer sus deberes. «Unha ineficacia -subrayó Telmo Martín- que poder facer que Pontevedra perda a inversión de quince millóns de euros». Martín sostiene que no procede declarar el proyecto supramunicipal «porque os terreos xa están catalogados coma equipamientos no plan aprobado no ano 89».
El portavoz de la oposición insiste en que lo más sencillo es que el gobierno local negocie con los propietarios de las 17 fincas en que se dividen los 6.000 metros cuadrados de terrenos necesarios para el nuevo edificio. Pese a que el alcalde ha reiterado en varias ocasiones las «imposibilidad» de esa negociación, Martín lo niega: «Cónstame que moitos deses propietarios están dispostos a chegar a acordos, e cós que non sexa posible, o Concello terá que ir a unha expropiación forzosa. Ten ferramentas para elo».