Es una escena difícilmente imaginable, pero ya se ha producido en otras zonas del territorio nacional. Y es que ya se ha dado el caso de que numerosos gorrillas han ingresado en un centro penitenciario de Alicante o Sevilla al aplicar una ordenanza municipal que prohíbe esta actividad.
¿Cómo es posible? La respuesta es muy sencilla. Al ser condenados con arreglo a una falta de desobediencia, al infractor se le impone una multa que, por término medio, suele ser de aproximadamente 120 euros.
El problema es que, normalmente, se trata de personas insolventes y, por tanto, sin recursos para hacer frente al pago de la sanción. Entonces, al no pagar la multa esta es sustituida por un corto período de tiempo, habitualmente suele ser una media de diez días, de privación de libertad en alguna prisión del entorno del ayuntamiento donde se ha cometido la infracción.
Tal y como recogía recientemente el periódico alicantino Información, «los jueces que condenan consideran que está justificado por la ''alarma social''», una circunstancia que, según indicaron los juristas pontevedreses consultados, no se da en la ciudad ni en ninguno de los concellos de la comarca.