Tras los casos de la ONCE y la reurbanización de Monte Porreiro, al gobierno local le preocupa lo que pueda pasar con el hospital, el saneamiento, la ronda o el PXOM
14 jun 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Anda el gobierno local con la mosca detrás de la oreja con la nueva Xunta de Galicia. En los dos meses que lleva gobernando el equipo de Alberto Núñez Feijoo (PP), el bipartito local (BNG-PSOE) no ha visto ni una sola acción positiva de cara a Pontevedra. Ya no se trata solo de la polémica de los superdelegados territoriales y la «agresión sin precedentes» que para el bipartito supone la creación de dos delegaciones en la provincia, sino que desde la plaza de España se está viendo que en el día a día se están tomando decisiones que en todos los casos están afectando de forma negativa a proyectos importantes para la ciudad del Lérez.
El gobierno local basa su resquemor hacia las decisiones del nuevo ejecutivo en varios «hechos probados». El primero fue el varapalo de la dirección xeral de Patrimonio al ascensor que habría de comunicar las calles Padre Sobreira y Aduana, aunque hay que decir que la resolución que deniega la autorización estaba firmada en los últimos días del bipartito, si bien no se hizo pública hasta que ya gobernaba el PP.
Vaticinio en enero
Le siguió el bloqueo a la recalificación de los terrenos de la ONCE en Campolongo, un asunto en el que el gobierno municipal recuerda insistentemente que el PP de Telmo Martín ya amenazaba en enero con paralizarlo si su partido ganaba la Xunta. El vaticinio se cumplió esta misma semana, aunque también hay quien apunta que bien pudo el PSOE sacarlo adelante cuando tenía las competencias en materia de Urbanismo en la Xunta. Máxime, cuando según Teresa Casal los responsables de esta área habían dado un visto bueno «verbal» al convenio. Sea como fuere, el proyecto ahora está paralizado por una resolución de la nueva Administración Autonómica.
Un tercer elemento para la preocupación del gobierno municipal es la suspensión del concurso de ideas para la reurbanización de Monte Porreiro, confirmado esta misma semana vía Diario Oficial de Galicia, que paraliza así una inversión que se preveía de seis millones de euros. Cuando se habían recibido 13 propuestas, la Xunta decidió suspender el concurso al estimar una alegación del Colegio de Ingenieros de Caminos.
A estos tres asuntos ya «consumados», se suman otros que por el momento no dejan de ser meras especulaciones o sospechas. Es el caso de la tardanza en concretar el convenio para definir el futuro de los edificios vacíos de la Xunta en la ciudad, que ha de dar luz verde al Concello para poder trasladar sus oficinas centrales a la antigua sede de Facenda en la calle Michelena. La teniente de alcalde, Teresa Casal, señaló hace poco más de una semana, que se está a la espera de que la nueva responsable de Patrimonio de la Xunta devuelva las llamadas del Concello para cerrar el convenio. Un silencio sospechoso, a juicio del gobierno bipartito.
«Marear la perdiz»
Así las cosas, en el gobierno local existe preocupación con respecto a las decisiones que pueda tomar la Xunta en el futuro con respecto a otros asuntos que se consideran claves para el desarrollo del municipio. El más evidente y reiterado en los medios es el hospital único. La discusión sobre si hay financiación o no, sobre si las obras pueden licitarse ya o sobre la responsabilidad de las expropiaciones hacen temer que se siga mareando la perdiz durante mucho tiempo más.
En similar situación se pueden citar asuntos como la ronda interior, la variante de Alba o la reforma de la PO-531, en materia de infraestructuras viarias; o el futuro PXOM de Pontevedra, que todavía no ha sido remitido a la Xunta pero que parece no gustar en exceso en el PP local... Y eso ya mosquea al bipartito.