El gobierno municipal del BNG no fue el primero en apelar a la ley para evitar que quedaran bolsas de suelo sin desarrollar en la ciudad por intereses especulativos. En el año 90, poco después de entrar en vigor una de las leyes de suelo sucesivamente modificadas, el gobierno local de entonces, presidido por Rivas Fontán, encargó un informe al secretario del Concello para la aplicación de la reforma del régimen urbanístico en el municipio, incidiendo en la creación del registro de solares y la capacidad de la Administración local de disponer su venta forzosa cuando los propietarios no cumplieran con la obligación de edificar en unos plazos determinados.
El mandato de Cobián transcurrió prácticamente en blanco en ese sentido y el escaso desarrollo que sufrió el PGOU fue marcado por la iniciativa privada. En la etapa de Pedrosa, el gobierno municipal volvió a la carga con las advertencias verbales, pero sin pasar a la acción. El concejal de Urbanismo de aquel momento, Fernando Lafuente, anunciaba públicamente en julio del 97 que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a esperar veinte años a que los propietarios de suelo se pusieran de acuerdo para desarrollar, en este caso, las unidades de actuación del PGOU. Y llegó a apuntar la posibilidad de rebajar la edificabilidad en determinadas áreas y proceder a la expropiación, en caso de que la iniciativa privada frenase las expectativas de crecimiento de la ciudad. El Concello también amenazó con expropiaciones en el casco viejo para activar las rehabilitaciones. Pero nunca se pasó de las palabras a la acción.