Iberdrola modifica por sorpresa sus estatutos para evitar la entrada de ACS en su consejo
PONTEVEDRA
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dejó claro ante la junta de accionistas de la compañía que este no es «el momento oportuno» para la entrada de un representante del grupo constructor y de servicios ACS -dueño del 12% del capital, entre participación directa y opciones, y que preside Florentino Pérez- en el consejo de administración. Galán endureció su lenguaje al evocar las iniciativas de Pérez quien, en enero del 2008, se aproximó a la francesa EDF para amagar una operación que solo sirvió, en su opinión, para especular con el valor de las acciones de Iberdrola.
Fue una «intentona bastarda», acusó. Los gestores de Iberdrola «no permitirán que nadie use los recursos de los accionistas en beneficio propio y en detrimento de los demás», zanjó Galán, tras insistir en que su equipo «no ejercerá ninguna oposición si se presenta una oferta buena por el cien por cien de la compañía».
Por eso, el consejo de administración de la eléctrica sometió a la junta de accionistas medidas defensivas que van a poner más difícil a ACS ver satisfecha su aspiración de entrar en el órgano de gobierno de Iberdrola. Por mayoría, y con el voto en contra del grupo constructor, la asamblea incorporó ayer a los estatutos, entre otros cambios, la eliminación del límite de 70 años para ser consejero, así como un perfil de los administradores que amplía el régimen de las incompatibilidades hasta abarcar el total de actividades que lleva a cabo la eléctrica. También ratificó a la consejera independiente Samantha Barber.
Estas decisiones no dejan resquicio, puesto que permiten mantener a los actuales 15 consejeros, evitan la salida de dos vocales que llegaban al tope de edad en el 2010 y erigen nuevos obstáculos a la entrada de un representante de la compañía que preside Florentino Pérez. ACS, que ya no es dueña de una eléctrica -se ha desprendido de Unión Fenosa- tiene presencia en las eólicas y la ingeniería, que están en el núcleo del negocio de Iberdrola.
Ni hay vacantes en el órgano de administración de la compañía que preside Galán ni intención de que se produzcan en próximos tiempos.
«Gran acuerdo» ante la crisis
En su discurso ante los accionistas, el presidente de Iberdrola reclamó «un gran acuerdo general» para hacer frente a la crisis, y urgió la puesta en marcha en España de las necesarias reformas estructurales «destinadas a mejorar la productividad y el potencial de crecimiento de la economía en el largo plazo».
Defendió que entre esos proyectos industriales punteros se encuentra la actividad del sector eléctrico. «Las compañías están llamadas a jugar un papel fundamental en la superación de la crisis, porque son motores de crecimiento y dinamizadoras de toda la economía a través de las cuantiosas inversiones que llevan a cabo», explicó. Y se mostró optimista ante la posibilidad de que el problema estructural del déficit tarifario -condicionante de los desembolsos- «esté próximo a ser solucionado definitivamente».
Sobre Iberdrola, como sobre el resto de las grandes empresas del sector, pesa una factura de 16.000 millones de euros pendiente de cobro, que resulta de la diferencia entre los costes de generación y la tarifa final que se aplicó durante una serie de años. Sánchez Galán confió en que se apruebe el aval del Estado a la titulización de los déficit aún no recuperados, «con lo que se acabarían -reconoció- gran parte de las incertidumbres existentes en materia regulatoria». E incluso añadió que el Gobierno se ha comprometido a eliminar este lastre para las generaciones futuras.
El déficit tarifario se ha convertido en una losa para las empresas eléctricas porque la sequía de los mercados mayoristas del dinero imposibilitó su titulización -cesión de los derechos de cobro- por procedimientos normales. Las compañías aseguran que esta cuestión les supone un sobrecoste.