Tribunales | Juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra
26 ene 2007 . Actualizado a las 06:00 h.Dos súbditos portugueses se los pensarán dos veces en un futuro antes de volver a repetir el viaje que, en febrero del 2005, les trajo a Pontevedra. El fiscal mantiene que Bruno Miguel y Rui Jorge, ambos sin antecedentes penales, se pusieron de acuerdo en Portugal para venir a España con el único objetivo de «adquirir sustancia estupefaciente que iban a utilizar en la fiesta de cumpleaños» del primero. Para lograr tal meta se pusieron en contacto telefónico con un tercer imputado, Severino, quien se habría comprometido «a facilitarles la sustancia». De este modo, en la tarde noche del 12 de febrero de hace dos años, el ministerio público no tiene la menor duda de que los dos portugueses, a bordo del vehículo habitualmente utilizado por Rui Jorge, se dirigieron al barrio pontevedrés de Monte Porreiro. Una vez allí, Severino se montó en el turismo. Y el infortunio hizo acto de presencia. Cuando el vehículo enfilaba la avenida de Lugo, una dotación del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra observó que los ocupantes del vehículo circulaban sin hacer uso de los obligatorios cinturones de seguridad. Los agentes, una vez identificaron los encausados y cuando, en principio, iban a proceder a interponerles una multa, vieron «materiales para el consumo de sustancias estupefacientes». Un cacheo a los jóvenes permitió que «al copiloto se le ocuparan 20,9 gramos de resina de cannabis y ocho de cocaína con una riqueza del 74,9» por ciento. El fiscal sostiene que tal cantidad de droga «supondría en el consumo ilícito unos beneficios de poco más de 862 euros. Además, añade que se intervinieron a los acusados un total de 520 euros «producto de la compra de las sustancias intervenidas». A la vista de estos hechos, este marte, el ministerio público tiene intención de solicitar en la Audiencia de Pontevedra la imposición a los dos amigos portugueses de una pena de tres años de prisión y multa de novecientos euros, que eleva a cuatro años y dos mil euros de sanción en el caso de Severino, por un supuesto delito contra la salud pública referido a sustancias que causan grave daño a la salud.