Solicitan más de 900 años de cárcel por distribuir pornografía infantil

?ás de novecientos años de cárcel u ocho. Estas son las dos alternativas que maneja el fiscal en su escrito de acusación contra el súbdito uruguayo P.A.J.R.S., de 64 años de edad y al que se le imputa un delito de distribución y tenencia de pornografía infantil. Las dos posibilidades obedecen a la existencia de una doble interpretación del Código Penal. Por un lado, la tesis de que el procesado cometió más de un centenar de delitos independientes que se vinculan con cada una de las veces que supuestamente utilizó el correo electrónico para enviar una imagen de contenido pornográfico. Enfrente, la idea de que las distintas remisiones, junto con la tenencia de las mismas, constituyen un único delito continuado. El fiscal, además de una somera descripción de todos los hechos imputados y de las fotografías intervenidas por la Guardia Civil, hace constar ambas opciones en su escrito de acusación que ya se encuentra en la Audiencia de Pontevedra, si bien, paralelamente, se ha remitido una consulta a la Fiscalía General del Estado para que marque la pauta que se debe seguir. En cualquier caso, el responsable de infracciones telemáticas del ministerio público pontevedrés matizó ayer que, aunque el órgano judicial provincial corroboré los más de novecientos años de prisión, el encausado nunca cumpliría más de veinticuatro. Explicó que la legislación española establece que nadie puede estar recluido en un centro penitenciario más allá del triple de la pena máxima que recoja el Código Penal para el delito en concreto. En este caso, la legislación española establece para estos sucesos concretos la pena tope de ocho años de cárcel. Este caso, que se conoce como operación Tabú, nació en noviembre del año pasado. Su germen fue un soplo al máximo responsable del instituto armado pontevedrés, José María Petisco. Todo parece indicar que una persona, por casualidad, descubrió un chat que estaba siendo utilizado para difundir pornografía infantil. Los investigadores decidieron seguir de cerca los pasos del presunto delincuente cibernético para, por un lado, conseguir el mayor número de pruebas de cargo y, por otro, conocer de primera mano el mejor momento para actuar. Agente encubierto De este modo, un agente comenzó a mantener continuos contactos con el sospechoso. Todo parece indicar que actuó bajo la cobertura de una identidad falsa, que simulaba ser la de una menor. Lo cierto es que, de este modo, pudieron conocer que el ahora procesado tenía intención de desplazarse desde Washington, su lugar de residencia, hasta Pontevedra con la única «idea de ver o conocer a una niña», precisó en su día José María Petisco. De este modo, en enero, la Guardia Civil lo detenía en uno de los peajes de la AP-9. Simultáneamente, el FBI realizó un registro de su domicilio norteamericano. En ambos casos, se decomisó abundante cantidad de material considerado como pornografía infantil. Se da la paradoja que su declaración posterior en el juzgado de instrucción permitió el arresto de otras nueve personas que presuntamente se escudaban en un chat de Internet para intercambiar este tipo de contenidos ilícitos.

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