La gestión de la planta se licitó por un 87% más del coste real, según el gobierno local Mosquera habla de un supuesto «desfalco aos ciudadans» y de «beneficios espurios»
17 jun 2005 . Actualizado a las 07:00 h.?l Concello de Pontevedra anunció ayer la presentación de un recurso contencioso administrativo contra la licitación y pliego de condiciones del concurso convocado por la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos de la Xunta para adjudicar, mediante un nuevo contrato, la explotación de la estación depuradora de aguas residuales de Os Praceres. El recurso será formalizado la próxima semana ante el Juzgado de Santiago. El gobierno local considera, en base a los informes los técnicos municipales, que la actuación de la administración autonómica en este asunto supondría una «vulneración de la legalidad vigente». El concejal de Urbanismo, apuntó incluso a un supuesto «desfalco aos bolsillos dos cidadáns», aludió a «beneficios espurios» y «manipulación de costes» en el procedimiento. La empresa pública vinculada a Augas de Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente, sacó a concurso el pasado 1 de junio, la totalidad de la explotación de la depuradora, las instalaciones preexistentes que la Xunta construyó y transfirió en su día al Concello y cuya gestión contrató con la empresa Aquagest en 1996 por un período de 20 años, más la segunda fase de ampliación que acaba de ejecutar también la Administración gallega. Previamente a la convocatoria del concurso, Augas de Galicia requirió al Ayuntamiento para que procediera a la rescisión el contrato con Aquagest, indicando que de no hacerlo «se entendería que la Administración local quiere continuar con la explotación de la parte de la depuradora que actualmente gestiona», y rechazando al mismo tiempo la propuesta del gobierno municipal de firmar un convenio para la nueva situación. El Concello alega que cuando en 1999 se proyectó la ampliación de la depuradora, el acuerdo era que, una vez rematadas las obras, se haría cargo también de la explotación de la segunda fase, junto con los ayuntamientos de Poio y Marín a los que también dará servicio la planta. Sin embargo, según subrayó el concejal César Mosquera, el gobierno de la Xunta «coas eleccións xa convocadas e en funcións», sacó a concurso la depuradora completa, incluida la parte de titularidad municipal ya adjudicada y sin que previamente se hubiese procedido a la rescisión del actual contrato de explotación con la empresa Aquagest. La denuncia municipal incide, además, en que la planta sale a concurso «por un precio desorbitado». El informe del ingeniero municipal incide en ese «excesivo coste de la explotación de la depuradora, que figura en el pliego de condiciones, sin justificación aparente». Cifra este sobrecoste en un 87% que se traduce en una cantidad total de 26.000.000 de euros en los 15 años de la concesión, «con la posibilidad de prestación de un servicio de peor calidad al no exigirse determinados requisitos a la nueva empresa adjudicataria, con los que sí cuenta la actual firma explotadora».