La Abogacía del Estado ve difícil que Ence se integre en el dominio del puerto
PONTEVEDRA
Joaquín de Fuentes añadió que tal medida implica «desnaturalizar» una institución jurídica El servicio jurídico ha recibido consultas «formales o informales» de Medio Ambiente
18 may 2005 . Actualizado a las 07:00 h.Joaquín de Fuentes Bardaji, máximo responsable de la Abogacía General del Estado, manifestó ayer que será difícil que los terrenos de Ence se puedan integrar en el dominio del puerto de Marín, circunstancia que garantizaría el futuro de la empresa pastera en la ría sin el límite temporal de la concesión del 2018. En el transcurso de la firma de un convenio de asistencia jurídica con la Autoridad Portuaria, añadió: «Me parece complicado aquello que decían, no lo de convertir en el ordenamiento jurídico el hombre en mujer, sino el desnaturalizar una institución jurídica». En todo caso, apuntó que «habría que ver en qué contexto se plantea; formalmente cómo; ver las posturas de las distintas administraciones y, en función de esto, decidir». De Fuentes Bardaji reiteró que, «en todo caso, fácil jurídicamente ese debate no es». En cualquier caso, manifestó que la Abogacía del Estado no tenía conocimiento de esta cuestión por vía de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, y sí por «consultas formales o informales que han venido desde el Ministerio de Medio Ambiente». Matizó, asimismo, que se había realizado algún examen, pero «no un juicio formal». En cuanto a las consultas planteadas a su administración, éstas versaron sobre la expansión o no de la concesión, sobre la naturaleza jurídica de la compañía o, incluso, sobre la subsistencia de concesiones. No obstante, Joaquín de Fuentes resaltó que la Abogacía del Estado realizará un informe sobre cualquiera de esta cuestiones cuando así les sea requerido. Con respecto al convenio firmado ayer, María Ramallo, presidenta de la Autoridad Portuaria, resaltó queestablece que el abogado del Estado asista jurídicamente a la entidad y que sea uno de los cuatro vocales de la Administración General del Estado en la junta de la Autoridad Portuaria.