Reportaje | Medio Ambiente toma la piqueta
07 feb 2005 . Actualizado a las 06:00 h.El Ministerio de Medio Ambiente está dispuesto a tirar de talonario para acabar con las construcciones legales y ya consolidadas en primera línea de costa. La idea forma parte de un plan para deslindar el litoral español en el que está trabajando el equipo de la ministra Cristina Narbona. Según informaron fuentes del ministerio, en casos como el Herpi, la única solución posible será tratar de comprar los edificios, dado que su construcción es previa a la actual legislación, por lo que son inmuebles perfectamente legales. «En situaciones así sólo podríamos intentar pagar un precio justo por el bloque, sin ir nunca contra la ley en vigor. Una vez comprados, se derribarían o se les buscaría otro uso», explican en el Ministerio de Medio Ambiente. La iniciativa, sin embargo, choca frontalmente con los precios del mercado inmobiliario. En el departamento de Narbona reconocen que en muchos casos es «imposible» pagar precios de mercado. «Siempre se puede negociar, pero hay un punto al que no se puede llegar, y los propietarios no van a vender por menos de lo que vale», reconocen. Pero la iniciativa no afecta sólo a grandes edificios. El objetivo del Ministerio de Medio Ambiente es despejar toda la costa de construcciones, ya que actualmente sólo el 60% del litoral gallego está deslindado. De ahí que la operación vaya a afectar a las casas, chalés, hoteles y demás construcciones que estén en primera línea de costa. Pese a todo, en el Gobierno tranquilizan a los posibles afectados y apunta que no se va a modificar la ley de Costas de un modo que afecte a construcciones ya consolidadas. «En Galicia se han lanzado operaciones de derribo, pero sólo con edificios en estructura o construcciones sin licencia de obra. Pero no pensamos tocar la ley actual», advierten en el ministerio de Medio Ambiente. Y no es para menos: sin tocar la ley, las denuncias por infracciones en el litoral se incrementan mes a mes. Según datos de la consellería de Pesca, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley de costas, sólo en las Rías Baixas están abiertos casi un centenar de expedientes.