El fiscal sostiene que el acusado llegó a amenazar a la mujer con un revólver La víctima, semanas después de ocurridos los hechos, se retractó en el juzgado de la denuncia
08 ene 2003 . Actualizado a las 06:00 h.A Más de cinco años de prisión. Esta es la pena que solicitará hoy el fiscal para Daniel D. I. en el Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra por una supuesta agresión a su socia en febrero del año pasado. El fiscal sostiene que, minutos antes de las siete de la tarde del 2 de febrero, el acusado y la víctima, socios ambos en la dirección de una casa de citas ubicada en el casco urbano de la ciudad, según apunta el responsable del ministerio público, mantuvieron una discusión en el interior del negocio. En el transcurso de la riña, en la que se produjo un intercambio de golpes e insultos, el procesado presuntamente colocó un revolver en el cuello de la mujer. La víctima «atemorizada solicitó por teléfono la intervención de la policía». Antes de la llegada de los agentes, el ahora encausado «salió de la vivienda y se dirigió hacia un vehículo de su propiedad, donde ocultó el arma de fuego». De nada le sirvió, minutos después agentes de la policía nacional realizaban un registro en el vehículo y aparentemente hallaban el revolver oculto debajo de la alfombrilla del asiento del conductor. En este punto, el ministerio público aclara en su escrito de acusación que no consta que el imputado posea licencia o permiso para la tenencia de este tipo de arma, tal y como establece la normativa vigente. Además, los agentes encontraron cinco cartuchos del calibre 22 Short, que se corresponden con la munición que el revolver intervenido puede disparar. Cuarenta y ocho horas después de estos hechos, la víctima denunció el robo de más de 18.000 euros en joyas del interior de su domicilio. Amenazas Tras interponer la denuncia, la socia del procesado, según manifiesta el fiscal, «recibió constantes amenazas telefónicas» en las que personas no identificadas llegaron a hacer referencia a la virginidad de su hija de 12 años. A pesar de desconocer la identidad de los interlocutores, el responsable del ministerio público no duda en afirmar que las llamadas fueron realizadas a instancia del acusado. Semanas después de la reyerta, la mujer se retractó en el juzgado de sus declaraciones anteriores y realizó nuevas manifestaciones en favor del imputado.