El Concello de Poio asegura que es un negocio «clandestino» y que perjudica el medio ambiente
11 feb 2002 . Actualizado a las 06:00 h.El Concello de Poio puso ayer en marcha un proceso legal contra un almacén y desguace de automóviles supuestamente clandestino ubicado en Campelo. El Ayuntamiento regido por Luciano Sobral acordó conceder al propietario de las instalaciones presuntamente ilegales un plazo de un mes para extraer los vehículos de la finca, ya que no tiene ningún tipo de licencia y perjudica el medio ambiente, según informó el concejal de Hacienda, Xulio Barreiro. En caso de que el denunciado, Valentín Outón Vidal, no cumpliera el plazo fijado, el Concello tendría que solicitar una autorización judicial para entrar en la citada finca y retirar los automóviles. El principal problema al que se enfrentaría entonces el Ayuntamiento sería -apuntó Barreiro- encontrar una superficie cerrada y vigilada en la que depositar los vehículos requisados. Los responsables municipales temen que si los coches sufrieran algún desperfecto el propietario pidiese responsabilidades al Concello. «Teríamos que saber qué facer cos coches porque, aínda que sexa chatarra, ó mellor o dono pode esixir indemnizacións», matizó el edil. Por otra parte, la comisión de Facenda resolvió la cuestión sobre la denuncia presentada por la Diputación a Ferroser a causa de un fallo de interpretación cometido por el organismo provincial, y no por el Ayuntamiento, como publicó por error este periódico.