Las fuerzas políticas pontevedresas dinamitaron en el último año los acuerdos sobre peaje, saneamiento de la ría y enlace con la A-52 Las fuerzas políticas pontevedresas dinamitaron en el último año tres pactos sobre cuestiones clave del futuro de la comarca: los acuerdos sobre el peaje saltaron por los aires, al igual que el consenso sobre el enlace con la autovía de la Meseta A-52 y el intento de firmar un convenio sobre el saneamiento de la ría. «Los pactos aquí duran menos que un caramelo a la puerta de un colegio», asegura un alto responsable político que ha seguido de cerca lo sucedido. La ruptura viene a poner sobre la mesa la escasa seriedad de las fuerzas políticas al plantear los acuerdos básicos para el desarrollo de la ciudad, así como la inutilidad de intentar conciliar en un documento posiciones contrapuestas, como sucedió con el saneamiento de la ría
05 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.. El folletín sobre la rebaja del peaje en la A-9 se cerró el pasado año sin que se conociese siquiera cuál es la posición exacta de cada partido en estos momentos e, incluso, de los distintos cargos y personajes influyentes en el seno de cada formación política. Las orquestas partidarias siguen desafinando prácticamente todos los días y las distintas partituras respecto a las tarifas de la A-9 suenan más a improvisación permanente que a una expresión de pluralidad interna. Papel mojado. Alcaldes de los tres partidos, Xunta y Diputación firmaron un acuerdo para dejar libre el paso por Rande y reducir al 50% las tarifas en el tramo entre Vigo y Pontevedra. El anuncio de Xunta y Diputación de establecer unas tarjetas de gratuidad en Rande para usuarios habituales no se corresponde exactamente con el pacto firmado. No todo el mundo puede pasar en cualquier momento de forma gratuita por Rande y queda aún por ver si se cumple la rebaja del 50% en el tramo entre Vigo y Pontevedra. Sin embargo, no sólo el PP ha incurrido en contradicciones. El BNG votó en varias ocasiones a favor de dar prioridad a la rebaja de Rande antes de lamentar que la fórmula acordada perjudique a los ciudadanos de Pontevedra y O Salnés. Por su parte, el PSOE -que prorrogó la concesión en su etapa de Felipe González sin rebajar tarifas- ha llegado a apuntar tras el pacto ahora roto que habría que ir a la desaparición progresiva del peaje entre Vigo y Pontevedra. Enlace con la A-52. Al enlace con la autovía de la Meseta A-52 sólo le falta -sobre el papel- tomar rumbo hacia el Atlántico. El PP, que ha recorrido casi al completo los ángulos que marcan las agujas de un reloj, empezó apostando por llevarlo por Ponte-Caldelas, más tarde por Cerdedo (más al norte) y, finalmente, asegura que está dispuesto a ir por Ponteareas (hacia el sur). El PSOE ha mantenido una postura ambigua, si bien en su día la posición de la dirección local -claramente favorable a la opción de Ponte-Caldelas- fue criticada por actuales responsables institucionales que, después de ocho años, siguen sin decir claramente qué quieren. Por su parte, el BNG pasó de una postura ecléctica -hágase por donde sea, pero hágase- a apostar claramente porque vaya en dirección a O Porriño. Este cambio de postura fue aprovechado por el conselleiro Cuiña Crespo para paralizar cualquier intento de construirlo por el norte y anunciar nuevos estudios por el sur, una forma de ganar tiempo tras incumplir promesas claras al respecto. Saneamiento de la ría. Los partidos empezaron a propugnar un pacto medioambiental por la ría, a instancias del PSdeG, como fórmula mágica. Al final, la remisión al pacto se empleó más como disculpa recurrente para no abordar los problemas de fondo que como una apuesta de convenio futuro con contenido real. Un proyecto de convenio, tan cogido por los flecos, no tardó mucho en saltar por los aires, pese a estar en juego una inversión pública de 7.500 millones de pesetas (45.075.907,83 euros). De una parte, el Concello dejó clara su oposición a Elnosa, apoyada desde PP y PSOE. Por otra, no hubo acuerdo posible sobre el saneamiento de las parroquias. El BNG criticó desde el Ayuntamiento las previsiones de la Xunta y la Consellería de Política Territorial terminó por anunciar que declararía supramunicipales los proyectos o, lo que es lo mismo, que podría ejecutarlos sin licencia del Concello. Desde entonces, las posturas de ambas partes permanecen totalmente separadas.