Los funcionarios protestan por el bloqueo del comité de seguridad de la cárcel de A Lama
PONTEVEDRA
La Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado expresó ayer su protesta por el bloqueo desde hace dos años del comité de salud y seguridad laboral de la cárcel de A Lama. Los representantes del personal aseguran que hace más de dos años que fue designada la parte social del comité, pero que siguen «a la espera» de que la Administración Penitenciaria designe los miembros que le corresponden. La falta de designación de estos representantes dificulta avanzar en materia de seguridad y salud laboral, según los funcionarios, que acusan a la Administración de impedir sistemáticamente la constitución de comités de salud y seguridad «utilizando la argucia legal de no nombrar a los miembros que por ley le corresponde designar». Actuaciones similares a la planteada en la cárcel de A Lama, ocurren con la constitución de los comités de seguridad y salud en organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina (ISM) o la propia Inspección de Trabajo, donde no existen servicios de prevención, según aseguran los funcionarios. La junta de personal subrayó ayer el contraste que supone que la Administración promueva campañas para estimular las medidas de seguridad en las empresas, «mientras ignora y boicotea la implantación de dichas medidas en los centros de trabajo que de ella dependen». Igualdad truncada «En un estado de derecho, el sometimiento al imperio de la ley ha de incluir por igual a los organismos de la Administración y a empresas privadas», aseguran los funcionarios. «Sin embargo, -añaden-, observamos como, mientras se imponen fuertes multas a empresas privadas por incumplir determinados preceptos en materia de seguridad, la Administración incumple sistemáticamente la constitución de comités de salud y seguridad en numerosos centros de trabajo». En opinión de los funcionarios, se aplican «diferentes varas de medir» a empresas y entidades públicas. Aseguran además que esta situación se ampara en la circunstancia de que «por parte de los inspectores de trabajo, que también forman parte de la Administración, no es posible sancionar a la propia Administración».