El fiscal en la causa por una estafa en la compra de un camión mediante leasing propuso ayer, durante la segunda y última jornada de este juicio, que si el Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra condena a los acusados, se les aplique un indulto o un atenuante por la excesiva duración del caso. El representante del ministerio público, que mantuvo su petición de tres años de prisión menor para los imputados, reconoció que había transcurrido demasiado tiempo desde el inicio de la instrucción del caso hasta la celebración del juicio oral, pero no tanto como para decretarse una nulidad. El abogado de Francisco Ballón de Valluguera, al que el fiscal definió como «la persona que ideó la operación», reiteró su petición de anular las actuaciones de un procedimiento que «de abreviado sólo lleva el rótulo, porque han transcurrido diez años sin sentencia». En su opinión, se vulneraron derechos constitucionales y la causa ha prescripto. Sostuvo, además, que su cliente sólo «intervino para buscar una posible salida a la crisis económica de la empresa» implicada en la estafa. La defensa de José Fernández Fernández, responsable de la compañía canguesa Excavaciones y Destierros, y de su hijo José Fernández Soliño -imputado por la acusación particular- enfatizó que «lo normal en un estafador es que coja el dinero y desaparezca», y no que actúe como actuaron los procesados. Criticó a las acusaciones por pedir condenas de prisión «cuando la pena de banquillo ha sido de una década». En relación con el indulto y el atenuante, el letrado recordó a la juez de esta causa una sentencia suya en la que el demandante fue el acusado Fernández Soliño y en la que aplicó una disminución del castigo porque transcurrieron seis años desde el inicio del caso hasta la celebración de una vista oral.