La CIG impugnará los servicios mínimos La Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos acusa a la Xunta de inhibirse en el conflicto de La Unión, cuya actividad está paralizada por una huelga iniciada el 30 de enero. La empresa comparte con las APA la dejación de la Xunta y dice estar «desasistida». La CIG, convocante del paro, impugnará los servicios mínimos, que siguen sin cumplirse en tanto la empresa no se avenga a negociar. El sindicato pidió ayer oficialmente la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais.
06 feb 2001 . Actualizado a las 06:00 h.La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la provincia de Pontevedra anunció ayer su decisión de convocar esta misma tarde movilizaciones en demanda de transporte escolar, interrumpido en 52 centros educativos por la huelga de La Unión. Desde el 30 de enero unos siete mil escolares de Marín, Cambados, Cangas, O Grove, Poio, Pontevedra, Sanxenxo y Vilanova tienen dificultades para acudir a clase con normalidad debido al paro convocado por la CIG y que también está afectando a miles de usuarios , como constató la Asociación de Consumidores, Rías Baixas. La presidenta de FAPAS-Pontevedra, Isabel Martínez, intentó de nuevo que Educación arbitre una solución. Tras una reunión con el delegdo y con el secretario xeral de la consellería, la portavoz de los padres concluyó que «hay falta de voluntad por parte de la Administración para solventar el problema». Explicó que los portavoces del departamento insisten en que el Gobierno autonómico «ya cumplió la legalidad» al decretar servicios mínimos y que «no puede hacer más». Sin embargo, los padres aseguran que esos servicios mínimos se incumplen y que «algo más tendrá que hacer la consellería, porque tiene la obligación de dar el servicio del transporte escolar». «Nos consta que tanto los trabajadores como la empresa están dispuestos a sentarse a hablar si les llama la Xunta, entonces no entendemos por qué esa negativa a hacer el papel de mediador», indicó. José Antonio Fraga Boullosa, delegado de Educación, estima que su departamento no es responsable de un conflicto suscitado únicamente entre la empresa y sus trabajadores. «Lo único que nos queda es acudir a los tribunales para rescindir el contrato con la empresa». Pero, de momento, la Xunta no contempla esta actuación. Ayer sólo se efectuó el transporte escolar en un colegio de Campañó y hubo un intento en Meaño, abortado por un piquete. Los trabajadores de La Unión que respaldan el paro se mantienen concentrados desde el inicio del conflicto en varios puntos de la provincia, a la espera de la mediación solicitada oficialmente al Consello Galego de Relacións Laborais. Por su parte, la empresa expresó ayer su malestar por la dejación de la Administración para permitirla el cumplimiento de los servicios mínimos que, por otra parte, exigen a La Unión. «Estamos desasistidos».