El decreto que ayer convalidó el Congreso únicamente con los votos a favor del PP supone la no compensación de las pensiones por la desviación del IPC registrada este año, pese a lo que establece el artículo 48 de la ley general de la Seguridad Social que la nueva normativa deja sin efecto temporalmente.
Los pensionistas no cobrarán en enero casi un 2 % que tenían reconocido. Escudándose en la difícil situación económica, en el elevado IPC de noviembre (subió un 2,9 % interanual) y en la necesidad de cumplir con el objetivo de déficit, el Ejecutivo decidió no abonar a los pensionistas el 1,9 % que les correspondería este año, resultante de la diferencia entre la subida anual aplicada por el Gobierno a sus pensiones (del 1 %) y el incremento final del coste de la vida (del 2,9 %).
Dicha compensación, que normalmente se abonaba en enero en una paga única, habría supuesto para las arcas públicas un desembolso de 2.280 millones de euros. Además, tal actualización se consolidaría en las pensiones del próximo año, encareciendo en idéntica cuantía la nómina de los pensionistas.
Ahorro retroactivo. Precisamente la base de la inconstitucionalidad de la que la oposición acusa a la medida está en su retroactividad. Y es que, a diferencia del Gobierno de Zapatero, que anunció con antelación la congelación de las pensiones, Rajoy decidió -con posterioridad- no abonar un derecho ya adquirido, como era el de compensar la desviación del IPC registrada este año.
Subida del 1 o del 2%. El Ejecutivo se defiende de las acusaciones de la oposición alegando que, a diferencia del PSOE, no han congelado las pensiones, sino que las han subido por segundo año consecutivo, pues en el 2013 se incrementarán en un 1 % con carácter general (al igual que este año) y en un 2 % aquellas que sean inferiores a 1.000 euros mensuales o 14.000 anuales. El cálculo del Ejecutivo es que en este segundo grupo se encuentran 6,6 millones de pensionistas (el 75 % del total), que, pese a todo, perderán poder adquisitivo.