Verín rescinde el contrato de los radares y paga 21.000 euros de indemnización
VERÍN
El alcalde: «A anulación é unha das maiores satisfaccións da miña traxectoria»
22 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Verín rescindió de forma definitiva el contrato de los radares municipales que el gobierno del PP había adjudicado en el 2024 a Bilbomática Veicar Verin UTE, con la finalidad de recaudar seis millones de euros en concepto de multas por excesos de velocidad en las vías de circulación verinense. El Ayuntamiento verinense consignó más de veinte mil euros (20.933,45), en concepto de indemnización en las cuentas de la UTE —algo que exigía una sentencia— y da por liquidado el contrato.
El procedimiento administrativo para resolver este contrato fue complejo, dilatado en el tiempo y no exento de polémicas, dice el Concello. La rescisión del contrato se acordó por el pleno, si bien duró mucho tiempo llevarla a cabo, pues hubo un pronunciamiento judicial que fijaba una indemnización para la unión de empresas adjudicataria.
La tramitación fue difícil, hubo reticencias administrativas en el Concello y el actual alcalde tuvo que intentar su reinicio hasta tres veces, recuerda el consistorio en un comunicado. La primera vez fue en marzo del 2022, cuando Gerardo Seoane (PSOE) ordenó a la secretaria municipal que tramitase la rescisión de dicho contrato. Al no ver cumplido su mandato, el regidor dictó una providencia el 28 de abril del 2022 iniciando él dicho expediente de resolución del contrato y solicitando los informes que hubiera que incluir. Tampoco esa vez actuaron los departamentos municipales en el sentido que les ordenaba el alcalde. Ya en mayo del 2023, Seoane —que seguía sin contar con el apoyo de la secretaría municipal en este asunto— optó por la vía de dictar un informe de propuesta de resolución. El 30 de noviembre de ese año, una secretaria en funciones emitió el informe técnico y el asunto fue a pleno, donde se aprobó. Ahora, el equipo de gobierno ordena que se devuelva el aval que depositó la empresa.
Gerardo Seoane enfatiza que estuvo diez años «empeñado en darlle cumprimento» y que solo vicisitudes administrativas le impidieron cerrar el asunto, con el desembolso de la indemnización. El caso llegó a la Fiscalía de Ourense como un presunto delito de desobediencia que está pendiente de vista oral. El alcalde sostiene que el contrato resuelto era de dudosa legalidad y de «nula eficacia». Sostiene que otras medidas de pacificación del tráfico fueron más efectivas para reducir problemas como los atropellos en la avenida de Laza. El contrato, dice, pretendía «sangrar con seis millóns de euros» a los verinenses.