La Audiencia expulsa al exjefe de drogas del caso de la muerte de un policía

En la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense por la muerte de un agente de policía en su despacho de la comisaría solo habrá una acusación particular. Así lo ha dictaminado la Audiencia provincial, que tras frenar hace unos meses los intentos del SUP de ser parte en el caso, ha hecho ahora lo mismo con el antiguo jefe de la unidad de drogas de la policía ourensana, Antonio R. F.

En un auto con fecha del 21 de octubre, los magistrados ourensanos consideran que el agente, actualmente suspendido por su imputación en otra causa judicial, no puede estar en el asunto. «Tal condición de perjudicado no parece concurrir en el recurrido, puesto que no acredita qué consecuencia dañosa le deriva al mismo del fallecimiento del investigado», recoge el auto, que se remite a otro dictado por el mismo tribunal en mayo del 2018, en el que estimaba que Antonio R. F. no tenía la condición de ofendido por el delito, es decir, por el presunto homicidio o asesinato que se imputa a los policías Bernardo y Roy D. L. «No se han alterado las circunstancias tomadas en consideración por la sala para adoptar el criterio ya reseñado, ni se ha modificado la situación existente en aquel momento, por lo que no existe motivo alguno para variar el criterio y admitir la condición de ofendido del ahora querellante, cuando no se apreció entonces», asegura el auto, sobre el que ya no cabe recurso alguno y que respalda los argumentos mantenidos tanto por la defensa de los dos investigados como por la Fiscalía de Ourense. Ambas partes recurrieron la personación en el caso del exjefe de la unidad antidroga de la Policía Nacional en Ourense, aceptada por la jueza instructora, Eva Armesto, y solicitaron a la Audiencia su revocación.

Así las cosas se va delimitando la investigación sobre una muerte ocurrida en abril del 2016. El cuerpo del agente Celso Blanco apareció sin vida en su despacho de la comisaría ourensana, con un disparo en la cabeza. Minutos antes de morir desde el ordenador de su mesa se habían enviado mensajes de despedida a varias personas, a través del correo electrónico, en los que el agente admitía haber sido el autor del robo de varias armas que habían desaparecido del búnker tiempo atrás y se disculpaba por el daño causado a compañeros. «Siento haber sacado las armas del búnker y los anónimos que envié. Han hecho mucho daño a mucha gente, sobre todo a un gran amigo y exjefe», recogía aquella despedida. Junto al cadáver, localizado en un despacho que estaba cerrado por dentro, había tres de las seis armas robadas.

Distintas teorías

Pero a día de hoy aún no está claro lo que ocurrió en aquel despacho. El juzgado de instrucción 3 se hizo cargo de las diligencias y, ante la sospecha de que la muerte de Celso hubiese sido provocada por terceras personas, arrestó en enero del 2018 a los hermanos gemelos Bernardo y Roy D. L, compañeros del fallecido. La familia de Celso, que no cree que la muerte de su allegado fuera un suicidio, se personó ya entonces como acusación particular, si bien más tarde trataron de hacer lo mismo tanto el sindicato SUP, acusando a los gemelos de haber usado sus claves de wifi para enviar los anónimos, como el exjefe de la unidad de drogas, quien a raíz de aquellos envíos a Asuntos Internos resultó imputado en la conocida como operación Zamburiña, que investiga la colaboración de agentes policiales con traficantes de drogas. Por ese asunto, que está pendiente de juicio, Antonio R. F. se enfrenta a una petición de siete años y medio de cárcel.

Con el auto notificado esta misma semana la Audiencia pone coto, pues, a las aspiraciones de personación en un caso que ha adquirido una enorme complejidad no solo por la gran cantidad de pruebas solicitadas por la instructora, sino también por la existencia de varios informes avalando distintas hipótesis sobre lo sucedido. Así, mientras Asuntos Internos no ve lógica la hipótesis de la muerte homicida y avala la teoría del suicidio, originado en la consternación que sufría el agente, el equipo de policía judicial de Ourense, UDEV, mantiene que fueron Bernardo y Roy quienes planearon y ejecutaron la muerte de Celso, responsabilizándolos también del envío de anónimos y del robo de armas. Precisamente, a raíz de un último informe de los agentes de la comisaría ourensana en relación a esas sustracciones, se ha citado a declarar a los gemelos como investigados por parte de otro juzgado. El caso, a pesar del tiempo transcurrido, sigue teniendo muchos flancos.

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