Una mujer asiste y declara como imputada en la primera sesión de un juicio penal sin que existiesen cargos contra ella
21 ene 2003 . Actualizado a las 06:00 h.Que alguien se siente en el banquillo de los acusados sin que se le impute un delito, no es muy normal. Que sea interrogado, conteste con la mejor de las disposiciones, y acabe siendo un abogado de la acusación particular el que se percate de la situación y alerte al juez sobre la presencia del intruso, tampoco lo es. Que en la tramitación judicial se produzca un error, de tal modo que acabe citada como acusada una persona cuyo nombre apareció en algún momento de la investigación, ha de verse como lo que es, un error, comprensible si se tiene en cuenta el volumen de trabajo con el que, en ocasiones, han de trabajar los juzgados. Hasta es aceptable que el afectado (en este caso, afectada), esté dispuesto a compartir banquillo con otras personas, incluido algún pariente proximo, aun sin saber de qué se le acusa, ni a qué se enfrenta. Pero que su propio abogado no se percate de la situación, que presente escrito de defensa y acabe siendo un letrado de la acusación el que desfaga el entuerto , ya no lo es tanto. Pero ocurre. Ayer mismo. Sin ir más lejos. María Mar F. D. compartió banquillo el lunes con otras cuatro personas, suponiéndose coutora de un delito contra la propiedad intelectual, por fotocopiar libros sin permiso de los autores. Ayer, segunda sesión de la vista oral, volvió al mismo sitio, pero antes de reanudarse el juicio se encontró con la agradable sorpresa de que la jueza le dijo que podía irse, pues no había nada contra ella. Preguntó a las partes si estaban de acuerdo y todos, claro, mostraron su conformidad, tanto defensores como acusadores, incluido el letrado de los perjudicados que fue quien, meticuloso él, detectó la irregularidad. María del Mar se fue, pero allí se quedaron los otros acusados: José Antonio F.D. y Julia Dolores P. R., administradores de de Copy Ourense SL y Campus Copy SL, para quienes la fiscal y Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) piden dieciocho meses de prisión. La misma condena reclama la Asociación de Libreros y los catedráticos Luis Rodríguez Ennes y Cipriano Daza Martínez, para otras dos personas: Mónica F. P. y María Jesús S. N., que eran quienes, en su opinión, llevaban en la práctica esas dos empresas. A todos ellos se les imputa un delito contra la propiedad intelectual. Los testigos corroboraron que en las copisterías, situadas en las calles Tellería y doctor Temes, se fotocopiaban libros. El ex decano de Derecho, Luis Rodríguez Ennes, confirmó también que el caso se había iniciado a partir de una denuncia suya, habiendo optado por recurrir a los tribunales al ver cómo su obra Institución de Derecho Privado Romano era focopiada y vendida, sin que los responsables de las copias escuchasen sus advertencias sobre la presunta ilegalidad de su proceder.