Una parte importante de los alcaldes de la zona abogan por enterrar la mancomunidad y dejar lo que resta de mandato para reflexionar sobre su futuro. La mayoría no está por la labor de añadir más miembros, desde sindicatos y patronal, a los 31 representantes que la integran. Carballeda y Rubiá son dos de los que piden más agilidad en la gestión de los servicios públicos y menos debate político y localista. Larouco y A Rúa son los más drásticos. Joaquín Prieto y Solarat creen que no es hora de mantener artificialmente la vida de este organismo. Solarat opina que es un órgano de servicios públicos que ha dejado de ser operativo. A Veiga no se pronuncia porque ya hace tiempo que está al margen y Rubiá espera al debate de la gestora, aunque cree que en la mancomunidad sólo deben estar integrados los concellos.