Los derribos de edificios ilegales crecen pero Ourense sigue a la cola

Durante el año pasado fueron demolidas trece construcciones ajenas a la normativa

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ourense / la voz

«Todos os galegos teñen dereito a un medio urbano e natural adecuado para o desenvolvemento da persoa. A ocupación irracional do solo hipoteca o noso futuro». Así arranca el balance anual de actividades que acaba de presentar la APLU (Axencia de Protección da Legalidade Urbanística). Ese organismo, dependiente de la Xunta de Galicia, promueve la reposición a la legalidad de los terrenos invadidos por edificaciones ilegales o, lo que es lo mismo, el derribo de esas construcciones. El pasado ejercicio fueron demolidas trece en la provincia Ourense.

Ese dato supone un leve incremento con respecto al año anterior, el 2016, cuando fueron once los derribos promovidos por la APLU. En todo caso, la ourensana es la provincia donde menos casos de este tipo son perseguidos por incumplir las normas urbanísticas. En el mismo período en Pontevedra se realizaron 92 demoliciones, en A Coruña 64 y en Lugo, 36. Se da la circunstancia de que la mayor parte de las infracciones de este tipo se cometen en las zonas de costa. Ese es el motivo por el que la provincia de Ourense suele situarse a la cola en el número de derribos de la APLU.

Las actuaciones de este tipo desarrolladas en municipios ourensanos durante el año pasado tuvieron lugar en los concellos de Ourense, Boborás, Maside, Pereiro de Aguiar, Maceda, Verín, Calvos de Randín y Entrimo. En todo caso, las demoliciones son el último paso de un largo procedimiento administrativo que, en muchas ocasiones, acaba también en los juzgados. Así, otro dato a tener en cuenta es que en el año 2017 se resolvieron en la provincia 19 expedientes en relación a infracciones urbanísticas. Mientras tanto, en Lugo fueron 47, en A Coruña 77 y en Pontevedra, 298. A nivel autonómico, el número de reposiciones a la legalidad ejecutadas durante el año pasado ascendió a 205, lo que supone un incremento en comparación con el ejercicio anterior (habían sido 182). La tendencia se mantiene en línea ascendente desde hace años. En el 2009, por ejemplo, tan solo se habían ejecutado 37 derribos de edificaciones ilegales.

En muchas ocasiones, la demolición solo llega después de que el infractor reciba varias advertencias de la Administración. Así, el año pasado la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística impuso en Ourense 37 multas coercitivas. En la provincia de Lugo fueron 85, en la de A Coruña 260 y la de Pontevedra, 388. El incremento de este tipo de sanciones fue especialmente destacable en el 2017, al pasar en toda Galicia de las 541 del ejercicio anterior a un total de 770. Esta medida supone un ingreso nada desdeñable para la Administración, que el año pasado ascendió a algo más de 1,6 millones de euros.

En el 2017 se derribaron dos edificaciones más que en el ejercicio anterior

Las demoliciones afectaron a ocho concellos de la provincia ourensana

La mayor parte de los infractores acaban siendo ellos mismos los que las tiran

En muchas ocasiones, levantar edificaciones ilegales no acaba únicamente con el derribo. Durante el año 2017, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) remitió a la Fiscalía 139 expedientes con la intención de que investigase la comisión de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Ese dato supone un incremento con respecto al ejercicio anterior, cuando fueron 119 los casos trasladados al ámbito judicial. Hay que tener en cuenta, por otro lado, que las resoluciones emitidas por la APLU están, por lo general, muy bien fundamentadas. De hecho, el balance de actividades de la agencia durante el año pasado revela que nueve de cada diez sentencias que salieron de los juzgados en el 2017 vinieron a confirmar las resoluciones que previamente había dictado esa entidad. Así las cosas, cuando llega una orden de derribo, los promotores suelen afrontar ellos mismos el coste de los trabajos de demolición. Cuanto antes lo hagan, más multas coercitivas y problemas judiciales se evitarán. De este modo, según los datos facilitados por la APLU, el año pasado el 81 % de los derribos ejecutados en Galicia los hicieron los afectados. En el 19 % de los casos restantes se encargó la agencia, que después le pasa la factura a los infractores.

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