
La plataforma ProCAPD se moviliza por la gestión pública del centro de discapacidad
08 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Las familias que forman parte de la plataforma ProCAPD Ourense vuelven a la calle. Las declaraciones de la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciando que la licitación de la gestión del centro ourensano de atención a las personas con discapacidad se reservará a entidades sin ánimo de lucro sentaron como un jarro de agua fría al colectivo, que acusa de «falta de sensibilidade» a la titular del departamento autonómico. «Non queremos nin máis nin menos que as outras provincias galegas», reclamó Rosendo Fernández, portavoz de la plataforma, que intervino en una rueda de prensa para convocar a la sociedad ourensana a una manifestación este jueves, 9 de enero, a las 20.00 horas, ante el edificio administrativo de la Xunta.
El resto de provincias tienen centros con gestión pública directa, dicen, y las familias ourensanas de personas con discapacidad quieren la misma atención para sus hijos. Eva Gutiérrez, otra de las portavoces, apuntó que en Ferrol el centro estuvo gestionado por una empresa y había descontento de usuarios y familiares. Gutiérrez lamentó que ninguneen a la plataforma, después de que todos los partidos políticos, incluido el PP, se hubiesen posicionado a favor de la gestión pública del CAPD en una moción aprobada en la Diputación de Ourense. A este respecto, el grupo provincial socialista animó a unirse a la concentración convocada por la plataforma. «Non se entende que o PP provincial acepte e xustifique a decisión proclamada pola conselleira, contradicindo a súa propia posición ratificada no pleno da Deputación», manifestó del portavoz del PSOE, Álvaro Vila.
«A xestión pública é a mellor. Tamén o di o Consello de Contas. As ratios de persoal non son iguais na pública que na privada», dijo Eva Gutiérrez, refiriéndose al caso reciente de la residencia de ancianos de O Carballiño que ha tenido que ser intervenida por la Xunta.
Rosendo Fernández afeó a la conselleira que ni siquiera se haya reunido con ellos ni les haya escuchado en nueve años y dijo que todavía están abiertos al diálogo. Cuestionó si la gestión pública del CAPD de Barrocás sería más cara que la privada, con una licitación prevista por tres años y algo más de trece millones de euros. «Que non nos digan que é un banco de probas por tres anos», reprochó Fernández. Otra portavoz, Mónica Hernán, recordó que en el 2016 lograron reunir 50.000 firmas para pedir un centro público de gestión pública. Se construyó el edificio, pero falta, dijo «o compromiso que asumiron os políticos de que a xestión sería pública». Se sienten engañados, confesó.
Rosendo Fernández apeló a la conselleira a que los reciba antes de tomar la decisión definitiva. «Se ten vontade de diálogo, estamos dispostos a falar con ela. Que non tome a decisión polas bravas», solicitó.