Jácome expedienta al interventor de Ourense y le ofrece otro puesto a cambio de no tramitar su cese
OURENSE
El alcalde acusa al funcionario que fiscaliza su gestión de actitudes «incoherentes», «abusivas» y «obstruccionistas»
20 dic 2023 . Actualizado a las 20:58 h.El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha cumplido su promesa y ha abierto un expediente con el objetivo de cesar al interventor municipal. El regidor, que en los últimos meses ha criticado reiteradamente la actividad del funcionario encargado de fiscalizar la gestión económica del Ayuntamiento, ofrece al trabajador la posibilidad de dejar sin efecto los trámites del cese a cambio de que acepte un cambio temporal de puesto, es decir, que abandone sus actuales responsabilidades y se dedique a otras funciones.
Los informes desfavorables del interventor sobre algunas de las operaciones propuestas por el gobierno liderado por Jácome motivaron las críticas del alcalde en los últimos plenos municipales. El regidor —que le impidió en varias ocasiones tomar la palabra para responder— sugirió que el interventor era «negligente», dijo que actuaba con «mala fe» y aseguró que trataba de obstaculizar su gestión demorando la elaboración de determinados informes preceptivos. Ahora Jácome da forma a esas acusaciones con un expediente de cese en el que detalla las supuestas irregularidades cometidas por el funcionario.
El documento —facilitado este miércoles por el gobierno local a partidos de la oposición y sindicatos— pone varios ejemplos de actuaciones que el alcalde considera «incoherentes», «abusivas» y «obstruccionistas». Una de ellas —«destacable por surrealista», según dice el texto— alude a la compra de tres mesas de ping pong para colocar en otros tantos parques de la ciudad. El ejecutivo local pretendía adquirirlas a través de la Concejalía de Medio Ambiente, pero el interventor defendía que lo correcto sería que lo hiciese el Consello Municipal de Deportes. Sin embargo, según argumenta el alcalde, «en idénticas circunstancias», es decir, para comprar elementos biosaludables o de calistenia, el funcionario no se opuso a ese sistema.
Sea como sea, el cese ya ha sido notificado al funcionario, que dispone de un plazo de quince días desde su recepción para presentar las alegaciones que considere oportunas. Pero, alternativamente, el alcalde le ofrece «la posibilidad de acordar con la Administración municipal la finalización del presente procedimiento y su adscripción provisional a otro puesto de trabajo».
Los sindicatos han denunciado en las últimas semanas los traslados injustificados de personal de unos servicios a otros y el alcalde también anunció el cese de la tesorera, a la que acuso de ser «demasiado tiquismiquis».