Es triste pero ni siquiera ha empezado el mes de abril y los incendios forestales ya son una preocupación social. En solo dos días los fuegos han arrasado 1.600 hectáreas de monte en Galicia, con episodios virulentos que obligaron incluso al desalojo de personas.
Tal vez era previsible que ocurriera. En esta comunidad las altas temperaturas y la sequía son, da igual cuándo se produzcan, un escenario ideal para que el monte empiece a arder. Ayuda, como no, que a pesar del apego que según se dice existe hacia la tierra, un alto porcentaje de propietarios mantengan sus fincas llenas de maleza, eso que se denomina el combustible forestal.
Y luego está la acción del hombre, que se aprovecha de todo lo anterior. Aunque hay casos accidentales, su mano está sin duda detrás de la gran mayoría de incendios que, casualidades de la vida, se declaran por lo general cuando se hace de noche y las labores de extinción se hace más complicadas.
Si las cosas siguen así, y con elecciones a la vista, no tardará el asunto en convertirse en cuestión política. Saldrán unos y otros a pedir más penas para los incendiarios y que la Justicia aplique todo su peso contra ellos, como si ese fuera el único camino para poner fin al problema. Pero el Código Penal ya prevé penas de más de cinco años de prisión para quienes quemen el monte y pongan el peligro la vida de las personas, así que tal vez esa no sea la cuestión. Quizás lo que hagan falta sean políticas globales, pensadas, que frenen el abandono del monte e impidan que el fuego sea un negocio. Por ejemplo.