El operario había acudido a la Inspección de Trabajo para reclamar atrasos por importe de 2.500 euros
05 jun 2018 . Actualizado a las 14:17 h.Lo que tiene claro el ministerio público es que la firma que aparece en unos falsos recibos de salarios no corresponde a la del trabajador. El representante legal de una firma auxiliar del sector de la construcción y una empleada de la misma firma comparten condición de acusados por un delito de falsedad en documento privado. La petición de condena es de un año y cuatro meses de prisión, tanto si son autores mediatos como si fueran cooperadores necesarios, que son las dos opciones que bajara la fiscalía.
El caso tiene su origen en una reclamación salarial de 2.500 euros, que un trabajador planteó a la empresa. Le negaron las nóminas, por lo que el operario acudió a la Inspección de Trabajo para reclamar los atrasos y el finiquito correspondiente a las deudas del año 2013. Los acusados aportaron, según la fiscalía, contactaron con una persona sin identificar para encomendarle la alteración de la firma del trabajador en nóminas y acreditar así los pagos reclamados.