Por segundo año el número de personas atendidas en Cáritas tiende a estabilizarse. No así sus necesidades, que se acrecientan por el agotamiento de las prestaciones de desempleo y el debilitamiento de elementos compensadores, como el apoyo familiar. El desempleo colocó en la incertidumbre a muchas personas que se han ido instalando en la precariedad. La posibilidad de acceder a un trabajo regular, al menos para un miembro de la unidad familiar, supondría un elemento protector ante el riesgo de exclusión. La saturación de la familia coloca a las entidades de iniciativa social, como Cáritas Diocesana entre otras, en la tesitura de dar respuesta ágil a situaciones de emergencia. Observamos que las administraciones públicas tardan en resolver las ayudas y burocratizan el sistema, cuando no endurecen los requisitos de acceso. Por eso pensamos que mientras la pobreza crece, los derechos menguan. La exclusión social es un concepto más amplio que los ingresos o el trabajo. Cáritas y la Fundación Foessa elaboran un análisis de exclusión (ISES) basado en 35 indicadores y con ellos hemos identificado la integración social precaria con una proyección inquietante: El 28% de los atendidos tienen empleo regularizado, pero no pueden cubrir todas sus necesidades. Nuestro modelo de vida está ya marcado por los efectos que la crisis ha ido generando: la incertidumbre y el alejamiento de muchas personas de las posiciones de bienestar.