La Justicia condena a Baltar por usar la Diputación como su empresa privada

Le impone nueve años de inhabilitación por enchufar a 104 personas. La sentencia no tendrá ningún efecto, porque el político ourensano ya está retirado


Redacción

José Luis Baltar Pumar (Esgos, 1940) utilizó la Diputación de Ourense como «una empresa privada» y contrató «a quien le parecía oportuno». De tan repetidas en el debate político, estas palabras parecen haber perdido sentido, pero ahora no son simples críticas de la oposición. Es una sentencia, la misma que condena al expresidente popular como autor de un delito de prevaricación por enchufar a 104 personas a principios del año 2010.

Lo hizo -concluye el fallo judicial conocido ayer- saltándose «consciente y deliberadamente» toda la normativa que rige la contratación pública, «como quien dispone legítimamente de algo privado», añade. En este sentido, la sentencia advierte de que «ser presidente de una diputación no es una propiedad de la que pueda hacer el uso que bien le parezca su titular, es un cargo público sujeto a la ley». Y, más allá de que Baltar tuviera buenas intenciones -como argumentó en su defensa en el juicio- fuera de ley «no existe sino capricho y arbitrariedad», concluye la jueza, Caterina González.

La togada, que está al frente del juzgado de lo penal número uno de Ourense por una sustitución, impone a Baltar Pumar una pena de nueve años de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos, un año menos de la pena máxima, la solicitada por la Fiscalía y el PSOE, una de las acusaciones populares en el proceso. La otra, el sindicato Manos Limpias, pedía nueve años y medio. Sea como esa, ser inhabilitado no tendrá consecuencias prácticas para el expresidente, que lleva dos años totalmente retirado de la política. Dejó a su hijo el liderazgo del PP ourensano en el año 2010 y en el 2012 le cedió también la Diputación.

José Luis Baltar tampoco tendrá que pagar una multa por sus 104 enchufes ya que la jueza ha desestimado la petición que el PSOE había realizado en ese sentido. Los socialistas querían que el exbarón popular hiciese frente al pago de 696.666,58 euros en concepto de responsabilidad civil. Eso es lo que costaron a la Diputación los sueldos de los 104 enchufados, pero la jueza entiende que no ha quedado suficientemente acreditado el cálculo de esa cantidad. En definitiva, con Baltar ya jubilado, la sentencia ni le privará de libertad ni supondrá un perjuicio económico para el expresidente, más allá del hecho de que se le imponen las costas procesales, incluidas las minutas de los abogados de PSOE y Manos Limpias. Fuentes judiciales apuntan que la cuantía será considerable.

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La sentencia dictada por Caterina González está ampliamente argumentada y en sus 43 páginas se limita a valorar si las contrataciones cumplieron con la legislación, sin tomar en cuenta los vínculos de los contratados con el PP. Hay que recordar que el PSOE denunció el caso en el año 2010 argumentando que José Luis Baltar había utilizado esos empleos en la Diputación para ganar apoyos para su hijo en el congreso que, en esas mismas fechas, certificó el relevo dinástico en el partido. Pero lo importante para la jueza es si las contrataciones cumplieron o no la ley, no la identidad de los enchufados: «Nadie pone en duda que las 104 personas contratadas no tuvieran capacidad suficiente para desempeñar el puesto de trabajo para el que fueron contratadas, lo que está penalmente tipificado es que en un organismo público se realicen contrataciones sin cumplir la ley».

Y, en este sentido, la jueza hace hincapié en que Baltar Pumar incorporó a esas 104 personas al margen de toda normativa. «No se trata siquiera de una interpretación de las normas peculiar e interesada, sino de una actuación contraria a toda norma», dice la sentencia, que detalla la violación de la Constitución, de la ley de presupuestos del Estado e incluso de la propia ordenanza de contratación de la Diputación. El principal incumplimiento fue, según la sentencia, que la disponibilidad de esos 104 empleos no fue publicitada. «En una vulneración básica de la contratación pública. La no publicación vulnera el principio de igualdad, por el que cualquier ciudadano pueda concurrir a una oferta pública de empleo», dice la jueza, que concluye que este proceder beneficiaba a los elegidos de Baltar, pero «cerraba la posibilidad de acceso a otros ciudadanos igualmente preparados para desempeñar el puesto de trabajo».

El expresidente culpó de esas irregularidades a los técnicos de la Diputación, pero la jueza no le da credibilidad. Se apoya para ello en las declaraciones de los funcionarios. Tanto el secretario como el interventor aseguraron que no fueron informados de las contrataciones hasta después de que estas fuesen realizadas y el jefe de recursos humanos -a quien Baltar había señalado con especial interés- afirmó que advirtió al exbarón popular de que ese proceder era «ilegal».

Que Baltar fue el máximo responsable de las contrataciones, y no los técnicos, es una conclusión que la jueza obtiene también de la testificación de los jefes de departamento: «De la declaración de dichos testigos ha quedado patente que la persona encargada de la contratación era el presidente de la Diputación, y en ocasiones se le daban los nombre de las personas a contratar, como explica el director de la biblioteca, Enrique Bande que en el acto del juicio relata como él sí que solicitó al presidente las personas concretas que quería que fueran contratadas».

Además de los jefes de servicio que recibieron bajo su supervisión a los enchufados, también declararon los alcaldes de los municipios a los que fueron destinadas parte de esas 104 personas. También de esos testigos concluye la jueza que era Baltar y solo Baltar quien se encargaba de las contrataciones. La sentencia considera una irregularidad «palpable y manifiesta» que los regidores no solicitaran el personal por escrito, argumentando por qué lo precisaban. Finalmente, respecto a los enchufados, la sentencia considera acreditado que ni siquiera tuvieron que presentar su currículo para conseguir el empleo.

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