La petición de compatibilidad del funcionario que desató la crisis del PSOE de Ourense escribió ayer un nuevo capítulo. José Javier García Gago presentó en el Rexistro del Concello de Ourense un escrito en el que solicita la recusación de siete concejales socialistas. Pretende el funcionario ourensano que estos ediles no puedan participar en las votaciones referidas a su demanda de compatibilidad para dar clases en la Universidad de Vigo. García Gago reclama la recusación de Áurea Soto y Marga Martín por «inimizade manifesta». Justifica esta petición por la demanda interpuesta por ambas contra su persona y que fue archivada. En el caso de la edila de Urbanismo también hace referencia a «diversas e reiteradas declaracións públicas descalificando ao recúsante».
Las otras cinco solicitudes se refieren a los denominados concejales díscolos: Susana Bayo, María Devesa, Antonio Rodríguez Penín, Mónica Vázquez y Alfonso Vilachá. En estos casos argumenta que intervinieron como testigos en el procedimiento al elaborar un informe en el que detallaban que Gago hacía trabajos fuera de su horario establecido. A esta petición de recusaciones hay que sumar la ya firme del propio alcalde Agustín Fernández.
Maraña administrativa
La compatibilidad de García Gago continúa inmersa en una maraña administrativa y judicial. Su caso cobró especial protagonismo a raíz del plante de cinco concejales socialistas del alcalde, al ausentarse de un pleno de diciembre en el que se dilucidaba su petición. Aquella sesión inició la crisis del grupo socialista ourensano, que desembocó en la suspensión de militancia de los cinco ediles díscolos y en la retirada de competencias por parte del alcalde a Rodríguez Penín. La situación aún no se ha resuelto en la actualidad.
Ante este nuevo escenario planteado por el abogado del Concello de Ourense, la normativa establece un plazo de un día para que los afectados presenten alegaciones y hasta dos semanas para que el Concello de Ourense resuelva. Ante la amplia nómina de recusados la decisión final tendrá que recaer en José Ángel Vázquez Barquero, único de los tenientes de alcalde que no está implicado en el proceso.