El abogado del Estado pide que se condene al Concello de Ourense
04 sep 2013 . Actualizado a las 07:30 h.El abogado del Estado, que a finales del pasado mes de julio había reprochado al gobierno municipal de Ourense una política de personal «de andar por casa» y, sin andarse por las ramas, «una mala praxis» en la gestión, reafirmó ayer su censura al proceder del departamento que dirige la exconcejala y actual directora xeral, Carmen Rodríguez Dacosta. El abogado, en la vista que corresponde a la impugnación de las contrataciones de conserjes por parte del Concello de Ourense, insistió en reclamar del juez una condena que incluya una explícita declaración de desviación de poder por parte del gobierno municipal de la capital.
La impugnación de estos contratos se planteó en su momento al entender la abogacía del Estado que exceden de los casos de urgencia que consiente el decreto 20/2011, de 30 de diciembre, para la corrección del déficit público. La norma general limita de forma muy severa las contrataciones y además, como el letrado de la administración del Estado ha hecho notar, el criterio general a la hora de interpretar la norma tiende a ser todo lo restrictivo posible.
El abogado del Estado reprocha al Concello de Ourense que no haya siquiera contextualizado los contratos. En momento alguno ha llegado a detallar plantilla, actividades y necesidades, para concluir la necesidad de las contrataciones.
El Concello se defiende
El gobierno local, por su parte, ha mantenido con carácter general que todas las contrataciones eran necesarias, sin dejar de apelar a la autonomía municipal en la gestión. Aunque en esta ocasión desde el equipo de gobierno se ha guardado silencio en relación, el pasado 23 de julio, cuando se celebró el primero de los juicios, difundió una declaración de la directora xeral de personal en las que afirmaba que sin esas contrataciones «non se podería nin abrir os colexios nin enterrar en Ourense, co cal mantemos a decisión».
Las contrataciones municipales que han sido objeto de recurso en los juzgados de lo contencioso administrativo corresponden a enterradores, conserjes y una asistenta social. Los procedimientos abiertos son siete, sin que, hasta el momento, haya sentencia alguna referida a los casos de Ourense. Cuatro se resolverán sin vista oral. De los otros tres, queda por celebrarse un único juicio, señalado para el 16 de octubre. Corresponde a la contratación de una asistenta social en la capital.
Las denuncias de estas presuntas irregularidades en las contrataciones fueron en el caso de Ourense denunciadas por el sindicato CSIF y el PP.