Una sentencia señala que el ente del Festival de Cine y Concello «son una misma cosa»
08 jun 2013 . Actualizado a las 07:25 h.Tras el acuerdo de la Diputación, de 16 de diciembre de 2011, de suspender la colaboración con el Consorcio del Festival de Cine se abrió un fuego cruzado entre el Concello de Ourense y la institución provincial sobre la legalidad o no del consorcio y los compromisos adquiridos. La sentencia del Xulgado do Social nº 4 declarando improcedente el despido del administrativo finiquita en su argumentario con el debate sobre el organismo.
sin legalizar
Funcionamiento irregular. La sentencia recuerda que «en 1998 se pone en marcha la creación del Consorcio por el Concello y la Diputación, sin que sus estatutos sean oficialmente publicados» y considera probado que «la Diputación se limitaba a figurar en el Consorcio y a poner una cantidad para subvencionarlo, sin intervenir de ningún otro modo».
apariencia
Una misma cosa. El titular del juzgado sentencia que, existiera o no jurídicamente el consorcio, el proceso puso de manifiesto que no era en todo caso sino un empresario aparente, pues «era el Concello, mediante el concejal de Cultura, quien encarnaba los poderes organizativos y directivos empresariales» y que la infraestructura, equipos y materiales de la entidad eran de propiedad municipal, constatando así que «Consorcio y Concello son, en definitiva, una misma cosa».
diputación
Sin potestad. La sentencia exime de toda responsabilidad a la Diputación y señala que ésta se limitaba «a aportar dinero para la celebración anual del Festival de Cine por su participación en el sedicente Consorcio, ni ejerció nunca ninguno de los derechos y obligaciones de empresario ni le aprovechó en modo alguno la prestación».
escenario
Readmisión o indemnización. En el 2007, con el BNG al frente de Cultura, los nacionalistas promocionaron a un militante suyo, Diego González López, para supervisar el trabajo del gerente Enrique Nicanor, figura impuesta desde Compostela -Ánxela Bugallo era entonces conselleira de Cultura- y con una gestión marcadamente personalista. Al marcharse Nicanor, asume la responsabilidad del OUFF Diego G. López. Ahora la sentencia condena al Concello a readmitirlo o a indemnizarlo.
disyuntiva
Casos pendientes y recelos. La readmisión del administrativo-portavoz es una opción para una parte del gobierno. Para los contrarios a esta alternativa pesan más circunstancias como las asignaciones consolidadas -cerca de 2.500 euros brutos mensuales para un administrativo- y el proceso pendiente por acoso laboral contra el exportavoz. Además de sentar un precedente para las dos demandas de extrabajadores aún por juzgar.