ospecha el portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, que los miembros del gobierno local prevaricaron en algún momento con motivo de las obras de Montealegre. O eso ha dicho en el pleno municipal. Siempre impresiona lo de la prevaricación. Hoy es a Garzón a quien señalan y hace nada que fueron condenados e inhabilitados por conjugar el verbo prevaricar en primera persona los ex alcaldes de Melón y Punxín. Otros están en lista de espera. Algo serio, pues, eso de prevaricar. Es un delito en sí mismo, como robar, calumniar, matar o estafar. Atribuir a un político una prevaricación, aunque se matice la imputación con abstracción y presunción, es una ofensa. Seguramente forma parte de eso que hemos convenido en llamar juego político, pero normal, lo que se dice normal, por mucha semántica que apuren, no es.
Si un ciudadano está obligado a dar cuenta a las autoridades de un delito del que tenga conocimiento, o del que sospeche, sea un fraude a la hacienda pública o una agresión en el ámbito familiar, a qué no estará obligado un funcionario, dando con carácter general tal consideración a un político.
Dictar a sabiendas una resolución arbitraria en un asunto administrativo no es algo para sentirse orgullos. Eso es prevaricar y por actuaciones de ese tipo están inhabilitados los ex regidores de Melón y Punxín. Si Rosendo Fernández sospecha de una prevaricación, debería ir al fiscal o al juez y contárselo. Por higiene y por decencia.