ace cuatro años, en un momento electoral como el actual, el representante de Flager (la empresa que impulsó el desarrollo de la finca Mariñamansa) firmó un contrato con el presidente de la Diputación. Renunciaba en favor de la institución provincial a parte de los beneficios de una operación que en su momento mereció ser calificada, desde medios del PSOE y el BNG, como el gran pelotazo urbanístico de la capital. No era generosidad ni altruismo. Lo hacía la empresa porque, según quedó patente en un reciente juicio, le compensaba perder algo y agilizar los trámites administrativos durante el mandato del PP en la corporación anterior. La posición de Flager queda meridianamente clara en una reciente sentencia de un juzgado ourensano: «era época de elecciones y en el ayuntamiento el BNG y el PSOE eran contrarios al proyecto», por lo que era conveniente apurar sin retrasos el proyecto de compensación, amenazado por un recurso de la Diputación. Que el resultado de las elecciones pusiese fin a la perspectiva de negocio, como explícitamente se ha dicho, ablandó la voracidad empresarial. Flager plegó a las peticiones de la Diputación. Que haya sido un gobierno municipal del PSOE y el BNG el que con alborozo allanó el camino para el desarrollo de lo que antes veían como un pelotazo, invita a esbozar una sonrisa. Pero que un empresario admita, no en el bar sino en un juzgado, recelos por el efecto distorsionador del interés partidista en la tramitación de un proyecto y una inversión millonaria, conduce a la mueca.
H