El Ministerio de Industria está preparando otra reforma de calado, esta vez afecta al sector eléctrico. Un total de 24 millones de hogares y pymes podrán ver disparado el precio de su recibo de la luz si al final el Gobierno deja en manos de las compañías establecer el coste de la energía, al reducir los beneficiarios de la denominada tarifa de último recurso.
Las compañías, que en la práctica vienen operando en régimen de seudomonopolio (no es la primera vez que las sancionan por concertar precios), tendrán en ese momento la oportunidad de trasladar a los usuarios el denominado déficit de tarifa, lo que en la práctica podría suponer un incremento en los recibos de entre el 20 y el 30%. Conociéndolas, no desaprovecharán la ocasión para dejar electrocutados a sus consumidores, de los que abusan cada día sin ningún rubor.